El Parlamento de Canarias ha dado luz verde este martes a una iniciativa crucial para la economía de las familias del archipiélago. La propuesta, defendida por el diputado palmero Jacob Qadri, insta al Gobierno de España y a AENA a establecer una bonificación del 75% en los aparcamientos aeroportuarios para los residentes canarios.
REDACCIÓN. EL FARO DE LA PALMA, 26 DE FEBRERO DE 2026
SANTA CRUZ DE TENERIFE.- Durante su intervención, Qadri subrayó que en las islas, y especialmente en las no capitalinas como La Palma, volar no es un lujo sino una necesidad básica para acudir a citas médicas, estudiar o trabajar.
“Esta propuesta nace de una realidad que padecemos todos: volar es una necesidad. Y si volar lo es, todo lo que rodea al vuelo también forma parte de esa obligación: los horarios, las tarifas y, especialmente, el aparcamiento”, afirmó el diputado.
El problema del transporte público y los sobrecostes
Qadri explicó que la dependencia del vehículo privado para llegar al aeropuerto es total en muchas zonas debido a un transporte público insuficiente. Esta situación se traduce en un conflicto de intereses donde AENA se beneficia de la insularidad:
- Costes abusivos: En muchos casos, unas horas de parking cuestan igual o más que el billete de avión.
- Falta de alternativas: A diferencia de la península, en Canarias no existen trenes ni autovías que conecten el territorio nacional, haciendo del aeropuerto la única vía de salida.
- El «machetazo» de AENA: Se denuncia una subida unilateral de hasta un 20% en las tasas aeroportuarias prevista para los próximos cinco años, lo que aumentará aún más la presión sobre el bolsillo de los canarios.
Coherencia con la bonificación al transporte
El diputado recordó que, si el Estado ya reconoce la necesidad de bonificar el 75% de los billetes aéreos, es por pura lógica que se aplique el mismo criterio al acceso al aeropuerto. “No puede ser que el billete esté bonificado y el aparcamiento penalizado. No pedimos un privilegio, sino coherencia y equidad”, insistió.
La iniciativa fue aprobada casi por unanimidad, con la única abstención de Vox, enviando un mensaje claro a Madrid: los canarios exigen igualdad y que la insularidad deje de ser una excusa para cobrar más.
