La persistencia de deficiencias técnicas en el sistema telefónico de la institución obliga a los ciudadanos a llamar hasta cinco veces para ser atendidos, afectando incluso a servicios críticos como el CECOPIN.
REDACCIÓN. EL FARO DE LA PALMA, 16 DE MARZO DE 2026.
La atención ciudadana en el Cabildo Insular de La Palma atraviesa una situación crítica debido a los persistentes problemas técnicos en su centralita telefónica. A pesar de llevar ocho meses bajo la gestión de una nueva empresa concesionaria, el servicio continúa deteriorándose, generando una importante ola de quejas entre los usuarios y el propio personal de la corporación.
Servicios sanitarios y emergencias afectados Uno de los puntos más sensibles de esta deficiencia técnica afecta al Hospital de Dolores. Según relata la consejera Susana Machín, los familiares de los pacientes se encuentran con la imposibilidad de comunicarse con el personal sanitario durante los fines de semana para conocer el estado de sus allegados. Esta situación de incomunicación se extiende también al CECOPIN, el centro neurálgico de coordinación de emergencias de la isla, donde la fluidez en las llamadas es vital.
Obstáculos para el empleo La problemática técnica tiene un impacto directo en la gestión de los recursos humanos. Actualmente, las llamadas realizadas desde el Cabildo para llamamientos de personal aparecen en los terminales de los ciudadanos como «número oculto». Esta anomalía provoca que muchas personas no contesten a la llamada, perdiendo así la oportunidad de acceder a contratos de trabajo y dificultando la cobertura de plazas en la institución.
Entre las deficiencias detectadas esta pasada semana, se han registrado jornadas en las que las llamadas del exterior simplemente no entraban al sistema, u ocasiones en las que los ciudadanos han tenido que marcar hasta cinco veces consecutivas para lograr contactar con cualquier departamento. Ante lo que califican como «pasividad del consejero responsable», se exige una solución inmediata que ponga fin a un deterioro que perjudica notablemente el servicio público que el Cabildo presta a la población de La Palma.
