El ayuntamiento afronta un gasto diario de 500 euros por no devolver subvenciones de proyectos como el corredor verde o la residencia de mayores cuyos plazos han vencido.
Redacción. El Faro de La Palma, 18 de abril de 2026.
La situación económica del Ayuntamiento de Tazacorte se encuentra bajo el foco tras la denuncia pública realizada por el portavoz de Nueva Canarias, Juan Miguel Rodríguez Acosta. Según los datos aportados, las arcas municipales están sufriendo un «desangre» constante debido al pago de 500 euros diarios en concepto de intereses de demora. Este gasto extraordinario es consecuencia directa de no haber ejecutado obras vinculadas a diversas subvenciones ni haber procedido a la devolución de los fondos una vez agotados los plazos legales.
El proyecto más significativo afectado por esta parálisis es el del Corredor Verde, una infraestructura destinada a conectar la Villa con el Puerto. Para esta obra, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana concedió en 2022 una partida de 2,5 millones de euros. El proyecto contemplaba, entre otras actuaciones, la creación de un parque urbano de 10.000 metros cuadrados sobre el túnel de la circunvalación. Al no haberse iniciado los trabajos y mantener el dinero en las arcas fuera de plazo, se han generado ya 335.000 euros en intereses, lo que supone un coste de 280 euros al día para los contribuyentes bagañetes.
Otros proyectos afectados y pérdida de empleo
A esta cifra se suman los retrasos en las subvenciones destinadas a la ampliación de la Residencia de Mayores y la rehabilitación del Almacén de Yanes. En ambos casos, el vencimiento de los plazos de ejecución sin que las obras hayan concluido —o ni siquiera comenzado— añade otros 223 euros diarios a la factura de intereses que debe abonar el consistorio.
Rodríguez Acosta ha calificado la gestión del actual grupo de gobierno (CC-PSOE-PP) como «deficiente», destacando el doble perjuicio que se ocasiona al municipio. Por un lado, Tazacorte pierde las infraestructuras y servicios proyectados y, por otro, se ve obligado a detraer fondos públicos para pagar sanciones financieras.
El portavoz de la oposición ha hecho una comparativa sobre el impacto social de este gasto: cada mes, los 15.000 euros que se pierden en intereses podrían sufragar la contratación de 7 trabajadores para reforzar los servicios municipales y mejorar el bienestar de la población. La denuncia concluye señalando que este quebranto a la hacienda pública debería ser asumido por los responsables de la gestión y no por los ciudadanos.
