Redacción El Faro de La Palma · 11 de junio de 2026

Cinco años después de la erupción, al campo del Valle de Aridane le falta el último empujón, y quien tiene la llave aún no ha puesto fecha. ASEPALMA, la asociación que agrupa a las empaquetadoras, exportadoras y comercializadoras de fruta de La Palma, reclama al Gobierno de España y al Gobierno de Canarias que cierren de inmediato la reunión que el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, prometió a finales de abril convocar «más pronto que tarde». El sector quiere que se celebre este mismo mes y que de ella salgan financiación, calendario y capacidad de ejecución para culminar la recuperación agraria.

Por qué junio importa

La asociación avisa de que dejar pasar este mes sin fecha cerrada ni avances tangibles supondría un frenazo en seco al ritmo que ha cogido la reconstrucción agrícola. Y recuerda que Torres puede ser determinante: el Comisionado especial para la Reconstrucción depende de su Ministerio y tiene entre sus funciones coordinar a los departamentos estatales implicados, de Hacienda a Trabajo, Agricultura o Economía. La factura para terminar el trabajo ya está calculada: 224 millones de euros, una cifra fijada a finales de febrero entre la propia asociación, el Gobierno de Canarias, el Cabildo y los ayuntamientos afectados.

Nueve millones de la ceniza sin pagar

Entre lo pendiente hay dinero ya comprometido que no ha llegado. La asociación cifra en unos nueve millones de euros las ayudas por la ceniza que siguen sin abonarse a propietarios y aparceros, y recuerda que muchos afectados —agricultores, empaquetadoras y ganaderías— aún no han cobrado cantidades vinculadas al valor de lo que perdieron. Hay también agricultores esperando valoraciones y compensaciones por las expropiaciones y ocupaciones de fincas que hicieron falta para infraestructuras públicas, como la carretera construida sobre las coladas. El sector reconoce el esfuerzo económico del Cabildo y pide al resto de administraciones que refuercen la capacidad financiera de la institución insular y de los ayuntamientos afectados.

1,36 euros por metro y por año: la cuenta de la espera

La asociación pide equidad en las ayudas diseñadas para sostener a quienes llevan años sin poder producir y ahora quieren reconstruir. Se fijaron en 1,36 euros por metro cuadrado sepultado por la lava y por año, y la cifra tiene su lógica: levantar una finca enterrada exige estudios técnicos, movimiento de tierras, sorriba —el acondicionamiento del terreno con nueva tierra de cultivo—, accesos, infraestructuras, agua y plantación. Desde que empiezan los trabajos hasta que llega el primer ingreso de la cosecha pueden pasar cerca de tres años; solo la primera liquidación de la producción tarda unos 18 meses. Sin respaldo financiero de las administraciones, advierte el colectivo, están en riesgo el paisaje agrario, la economía local y la continuidad del cultivo.

La ley que mantiene fincas paradas

ASEPALMA reclama además una modificación urgente de la Ley 3/2024 de medidas agrarias para la recuperación de La Palma. El problema: hay titulares de parcelas afectadas que, por edad, economía o circunstancias familiares, no pueden afrontar la reconstrucción, y la redacción actual dificulta transmitir esas explotaciones a hijos, familiares, jóvenes agricultores o colindantes dispuestos a asumirlas. El sector pide que el histórico de producción acompañe a la finca transmitida cuando el objetivo sea reconstruirla. Con la norma en la mano, sostiene, hay parcelas que podrían estar ya en obras y siguen paralizadas, con el relevo generacional esperando. A ello se suman incentivos fiscales que no se traducen en reinversión real por falta de autorizaciones, problemas de acceso e inseguridad jurídica.

Lo que sí avanza

No todo es queja. La asociación valora el trabajo del Gobierno de Canarias y considera que la Comisión Mixta de octubre de 2025 fue un revulsivo que devolvió la confianza al sector, y agradece las gestiones ante Europa del consejero Narvay Quintero y los viceconsejeros Eduardo García y Pedro Ángel Afonso. De las 239 hectáreas de plataneras afectadas por el volcán, una parte significativa está ya reconstruida o en obras y muchas parcelas han recuperado sus accesos. Para ASEPALMA, esa es la prueba de que el proceso puede culminar si llegan los fondos pendientes — y de que la recuperación del Valle puede convertirse en una referencia internacional sobre cómo responder a una catástrofe natural.

Fuente: ASEPALMA (Asociación de Entidades Empaquetadoras, Exportadoras y Comercializadoras de Frutos de La Palma).