Por la Asociación Biocultural La Foresta

En Garafía se pretende construir una carretera lo más recta posible para facilitar el asentamiento de familias y luchar contra la despoblación. En Puntagorda y Tijarafe se hace un esfuerzo enorme para atraer al turismo rural y fortalecer la economía de la comarca. Pero el problema más visceral que tenemos los habitantes de la comarca noroeste —y las personas que quieren venir a trabajar en nuestras escuelas y centros de salud— es conseguir una vivienda.

No es tanto la falta de vivienda, porque viviendas vacías hay muchas. Es más bien el precio astronómico del alquiler o de la compra. Si sigue la tendencia actual, las familias se verán expulsadas de la comarca poco a poco, a medida que se actualicen los precios al alza. Si los ayuntamientos no quieren ver un proceso de despoblamiento rápido, tienen que tomar medidas urgentes.

Los precios reales, no los estadísticos, están en 950 euros el alquiler más barato: una casa pequeña de una habitación, vieja y con necesidad de reformas para cumplir las normas de salubridad. Eso representa mucho más de la mitad de nuestros sueldos, y no se consigue nada por menos. Es totalmente inviable para nuestra sociedad rural cobrar seis euros la hora y pagar alquileres como si estuviéramos en Barcelona.

La Ley de Islas Verdes

Otro factor que está minando el futuro rural de nuestra isla es la Ley de Islas Verdes, que permite la construcción de viviendas vacacionales en suelos agrarios. Su efecto es que los terrenos agrarios están ahora a precios de urbanizables. Esta política enriquece a los propietarios de fincas, pero arruina el futuro de la vida rural, haciendo inaccesible el suelo para cultivarlo. Ninguna joven familia palmera ni ninguna familia peninsular se plantea comprar una casa en la comarca porque es inalcanzable con un sueldo normal.

¿Un campo solo de jubilados?

¿Acaso nuestros líderes políticos se conforman con un entorno rural poblado de jubilados extranjeros? ¿Quién va a trabajar en los negocios y restaurantes del pueblo? ¿Quién va a cultivar nuestros productos de calidad? ¿Quién va a luchar contra los incendios forestales? ¿Tendremos que dormir en cuevas, caravanas y casetas, como pasa en Ibiza?

Declarar zonas tensionadas

Las administraciones tienen que intervenir, porque el mercado no se va a regular solo —o sí, cuando el pueblo esté vaciado—. Pedimos a nuestros municipios rurales que se declaren desde ya zonas tensionadas para poner un techo a los precios. Si queremos tener vidas dignas en nuestras zonas rurales, que velen por lo básico: el acceso a la vivienda. Porque sin esto, ni carretera ni turismo nos sirven de nada.

Ante esta situación crítica, animamos a participar en la manifestación por la vivienda este viernes 26 de junio, a las 18:00 horas, en la Plaza de España de Los Llanos de Aridane.