Redacción El Faro de La Palma · 7 de julio de 2026

Pocas tierras miran a Venezuela como Canarias. El vínculo entre las islas y el país sudamericano viene de generaciones de emigración y de miles de familias con parientes a ambos lados del Atlántico. Por eso, desde el pasado 24 de junio, cuando dos terremotos devastaron el centro-norte de Venezuela, el drama se vive también aquí. El Gobierno de Canarias ha decidido dar un paso: pedir al Estado que recupere el permiso de residencia por razones humanitarias para las personas venezolanas afectadas por la catástrofe.

Qué ha pedido Canarias

La consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, Candelaria Delgado, envió este martes sendas cartas a los ministros de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y de Interior. En ellas reclama al Gobierno de España la restitución de la autorización de residencia temporal por razones humanitarias para los venezolanos golpeados por el seísmo.

La petición se acordó tras la reunión que la consejera y el director general de Emigración, José Téllez, mantuvieron con la presidenta de la asociación Solidaridad Venezuela, Marcela Maspero, y otros miembros del colectivo, que trasladaron la angustia de una comunidad pendiente de lo que ocurre en su país.

Un permiso que decayó doce días antes del terremoto

El mecanismo que ahora Canarias quiere recuperar se aplicaba desde 2018, cuando la crisis sociopolítica venezolana empujó a miles de personas a buscar refugio fuera. Dejó de aplicarse el pasado 12 de junio, con la entrada en vigor del Pacto Europeo de Migración y Asilo y la modificación del Reglamento de Extranjería. Doce días después llegó el terremoto.

El Ejecutivo canario sostiene que esa catástrofe es «un hecho nuevo y sobrevenido» que cambia por completo el panorama y que, por su naturaleza, nada tiene que ver con la situación política que motivó el permiso original. A su juicio, la emergencia «desvirtúa la premisa de normalización de la situación venezolana» sobre la que se retiró la protección.

La dimensión de la tragedia

Lo ocurrido el 24 de junio en Venezuela fue de una violencia extraordinaria. Aquella tarde, dos terremotos casi simultáneos —de magnitud 7,2 y 7,5, con apenas 39 segundos de diferencia— sacudieron el centro-norte del país, con epicentro en el estado de Yaracuy, cerca de San Felipe. Las sacudidas se sintieron con fuerza en Caracas y en La Guaira, donde colapsaron numerosos edificios.

Según los últimos balances oficiales y las estimaciones internacionales recogidas a comienzos de julio —cifras que siguen actualizándose a medida que avanzan las labores de rescate—, el desastre ha dejado más de 3.300 personas muertas, en torno a 16.800 heridas y más de 68.000 desaparecidas. El análisis de imágenes por satélite de la Universidad Estatal de Oregón calcula que cerca de 58.900 edificios resultaron dañados o destruidos, y los daños materiales se estiman en unos 6.700 millones de dólares. Miles de personas que perdieron su casa siguen en refugios temporales.

La base legal que invoca Canarias

La consejería subraya que reactivar este permiso no exigiría cambiar ninguna ley. Recuerda que los artículos 37.b) y 46.3 de la Ley 12/2009, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria, siguen contemplando las autorizaciones por razones humanitarias, de modo que bastaría con una decisión del Gobierno de España para recuperar una figura ya prevista en el ordenamiento.

Canarias defiende además que la medida es compatible con el Pacto Europeo de Migración y Asilo, que armoniza el asilo y la protección subsidiaria en Europa pero, según su lectura, no impide que cada Estado mantenga o active mecanismos nacionales de protección humanitaria ante situaciones excepcionales como una catástrofe natural.

Fuente: Gobierno de Canarias (Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias). Datos de la catástrofe: balances oficiales venezolanos y estimaciones internacionales recogidas por medios y organismos a comienzos de julio de 2026; las cifras continúan actualizándose.