Redacción El Faro de La Palma · 20 de julio de 2026

El Parlamento de Canarias vota este miércoles la modificación de la Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas, y el Cabildo de La Palma quiere llegar a esa votación con sus deberes hechos. El presidente insular, Sergio Rodríguez, ha remitido un escrito formal a todos los grupos parlamentarios con dos enmiendas que, según defiende, deben quedar al margen de la «guerra política»: los derechos de las familias que perdieron su vivienda bajo las coladas del volcán y la vigencia de la Ley de Islas Verdes.

Que el volcán no complique aún más la reconstrucción

La primera enmienda busca proteger a las familias afectadas por la erupción del Tajogaite que, además de perder su propiedad, ejercían allí actividad turística. La ley actual exige una antigüedad mínima de cinco años para poder comercializar una vivienda como alojamiento turístico, un requisito que, según el Cabildo, dejaría fuera a quienes reconstruyan su casa desde cero: no habrán cumplido ese plazo simplemente porque el volcán se llevó por delante la vivienda anterior. El Cabildo pide que se reconozca de forma explícita el derecho a recuperar el uso vacacional previo, siempre que esas viviendas estuvieran ya dadas de alta en el registro del Gobierno de Canarias antes de la erupción.

Islas Verdes, un marco que no quiere perder su supremacía

La segunda enmienda afecta a un instrumento más amplio: la Ley de Ordenación Territorial de la Actividad Turística en El Hierro, La Gomera y La Palma, conocida como Ley de Islas Verdes, que da a estas tres islas un marco propio con supremacía sobre la planificación general. El Cabildo quiere que esa supremacía quede a salvo de la nueva normativa vacacional, para que no acabe imponiendo límites que hoy no existen en un modelo que, según Rodríguez, funciona porque en estas islas no hay grandes tenedores ni cadenas de explotación masiva detrás de las viviendas vacacionales.

El presidente insular defiende que, en ese contexto, las viviendas vacacionales cumplen una función distinta a la de otros destinos turísticos saturados: sirven de renta complementaria para economías familiares, ayudan a fijar población y facilitan la recuperación de fincas agrícolas en las medianías, sin generar el turismo masivo que la nueva ley busca frenar en otras zonas de Canarias.

Una isla que no puede permitirse perder plazas turísticas

El Cabildo recuerda que La Palma trabaja ya, a través de su Instrumento de Planificación Singular Turístico, en ampliar la planta alojativa de formato tradicional. Pero insiste en que la realidad de la reconstrucción post-volcánica no permite prescindir de ninguna herramienta capaz de generar dinamismo económico en este momento, y pide que la nueva ley no cercene, sin querer, el derecho de la ciudadanía a explotar estas viviendas como apoyo a sus ingresos.

Fuente: Gabinete de Comunicación del Cabildo de La Palma.