Redacción El Faro de La Palma · 11 de septiembre de 2026

La Asociación Tierra Bonita ha llevado a los tribunales su exigencia de conocer qué se dijo, y quién lo dijo, en las horas previas a la erupción del Tajogaite. Y a ese litigio, sostiene la asociación, se han sumado ahora tres instituciones financiadas con fondos públicos: la Universidad de La Laguna (ULL), la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), que se han personado ante la Justicia para respaldar la postura del Gobierno de Canarias.

Qué reclama Tierra Bonita y qué es el PEVOLCA

El litigio tiene un origen concreto: un recurso contencioso-administrativo que la Asociación Tierra Bonita presentó en 2025 ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), después de que el Gobierno regional se negara a entregarle la documentación del PEVOLCA —el Plan de Emergencias por Riesgo Volcánico en Canarias, el protocolo que activan las autoridades cuando hay indicios de una erupción— correspondiente a los días y horas anteriores a la que finalmente arrasó parte del Valle de Aridane el 19 de septiembre de 2021. El procedimiento sigue abierto: está pendiente de que el TSJC dicte sentencia.

Lo que pide la asociación son las actas y las grabaciones de las reuniones que mantuvieron, en esas horas, el Comité Científico y el Comité de Dirección del PEVOLCA: los dos órganos en los que expertos de distintas instituciones y responsables políticos valoraron el riesgo antes de que se abriera la boca eruptiva del Tajogaite.

La postura de las universidades y el CSIC, según Tierra Bonita

Según denuncia Tierra Bonita, la ULL, la ULPGC y el CSIC —las tres, instituciones sostenidas con fondos públicos— se han personado en el recurso contencioso-administrativo en el mismo bando que el Gobierno de Canarias, es decir, oponiéndose a que se difundan las actas y grabaciones. La asociación dice sentir «profunda decepción» con esta posición y añade que le resulta llamativo que sean precisamente instituciones académicas y científicas las que se alineen con el Ejecutivo autonómico para mantener en secreto los criterios que sus propios expertos expusieron en el Comité Científico.

La entidad recuerda, además, que representantes del IPNA (Instituto de Productos Naturales y Agrobiología) y del IGME (Instituto Geológico y Minero de España) —ambos integrados en la estructura del CSIC— participaron en las deliberaciones del Comité Científico en La Palma, lo que explica, a su juicio, la implicación de ese organismo en el litigio. Tierra Bonita llega a preguntarse qué tienen que esconder las dos universidades y el CSIC para litigar contra los propios afectados por el volcán, y considera especialmente decepcionante que el CSIC haya llegado a plantear ante el tribunal que el recurso ni siquiera fuera admitido, por razones que la asociación califica de meramente formales.

Las preguntas que la asociación quiere ver aclaradas

Para Tierra Bonita, no basta con el informe de consenso que el Comité Científico hizo público tras sus reuniones previas a la erupción: sostiene que la sociedad tiene derecho a conocer el planteamiento individual de cada experto, no solo la versión final acordada entre todos. Entre las cuestiones que reclama esclarecer figura por qué no se declaró antes de la erupción la alerta máxima —el semáforo naranja del PEVOLCA— y, por tanto, por qué no hubo una evacuación preventiva de la población, pese a los indicios que apuntaban a que la erupción era inminente.

La asociación recuerda también que, ya iniciada la erupción, varios miembros del Comité Científico afirmaron públicamente que habían advertido de su inminencia, una versión que, sostiene Tierra Bonita, contradice el propio informe de consenso del comité. Y añade otra pregunta: por qué no se informó a la población de que el magma migraba hacia el norte del Valle de Aridane, un dato que —según la asociación— ya manejaba el Comité Científico y que habría permitido anticipar la zona con más probabilidades de que se abriera una boca eruptiva.

Quién respalda el litigio

La iniciativa judicial de Tierra Bonita cuenta con el respaldo expreso de otros siete colectivos, que en su momento manifestaron su apoyo mediante una nota conjunta: la Plataforma de Afectados por la Erupción de Cumbre Vieja 2021, la Iniciativa Ciudadana de Apoyo a los Afectados del Volcán, la Asociación de Vecinos de La Laguna, la Asociación de Vecinos de Las Manchas, la Asociación Agua para La Palma, la Plataforma por un Precio Justo y Auténtico del Plátano y Unidad Protección Animal (UPA) La Palma.

Universidades «contrarias a sus propios valores», según Tierra Bonita

El argumento con el que Tierra Bonita cierra su nota es, a su propio juicio, más simbólico que jurídico: sostiene que la actitud de la ULL y la ULPGC en este caso choca con los principios que ambas universidades proclaman en sus propias páginas web, donde citan compromisos como el fomento del espíritu crítico, la transparencia en la gestión, la rendición de cuentas o la contribución a resolver problemas sociales. A juicio de la asociación, esos compromisos institucionales «se han diluido» cuando ha llegado el momento de transparentar la gestión de la emergencia volcánica de 2021.

Tierra Bonita sostiene, además, que ninguna ley ni jurisprudencia impide a los miembros del Comité Científico y del Comité de Dirección acordar por iniciativa propia que se divulguen las actas y grabaciones, y lamenta que administraciones e instituciones hayan optado, en cambio, por buscar argumentos legales para no hacerlo. La asociación también asegura que el representante legal del CSIC ha argumentado ante el tribunal que dar publicidad a las intervenciones individuales del Comité Científico pondría a sus miembros bajo presión social, un argumento que Tierra Bonita rebate recordando que fueron los propios integrantes del comité quienes, tras la erupción, se atribuyeron públicamente haber anticipado lo que el informe de consenso no reflejaba.

Fuente: nota de prensa de la Asociación Tierra Bonita, 11 de septiembre de 2026.