La voz del pueblo silenciado: luces y sombras del informe de San Andrés y Sauces a la Junta Gubernativa de 1808
Manuel Marcos Pérez Hernández, Cronista Oficial de San Andrés y Sauces
En noviembre de 1808, mientras la Península Ibérica se consumía en el caos provocado por la invasión napoleónica y el colapso de la monarquía borbónica, la isla de La Palma vivía su propio momento de redefinición institucional y social. La creación de la Junta Suprema Gubernativa de la isla no solo constituyó un acto de fidelidad monárquica y autogobierno de emergencia, sino que abrió una grieta inédita por la que se coló la voz de los pueblos rurales. Entre las representaciones remitidas al nuevo órgano de gobierno, destaca por su rigor, firmeza y minuciosidad el Informe del pueblo de Los Sauces que se conserva en el archivo de la Sociedad La Cosmológica. Fue redactado por el teniente de milicias, don Domingo de Ortega Gil, don Blas Carrillo Méndez —castellano de la fortaleza de San Miguel del Puerto de Santa Cruz de La Palma y natural de Los Sauces— y el sargento Ignacio Prieto. Trasciende la mera querella local y se convierte en una radiografía excepcional de una estructura donde la fe, el privilegio feudal y el monopolio comercial asfixiaban el desarrollo de la comunidad.
Plaza e Iglesia de Montserrat, 1895. Fondo TEA. Restaurada y coloreada por Abraham T. Díaz Abreu.
La problemática eclesial y el abandono espiritual
El primer gran bloque de agravios expuesto en el informe de 1808 aborda la precaria situación religiosa de los vecinos de Los Sauces. Los comisionados denunciaron de forma tajante el ausentismo del párroco titular y la manifiesta preferencia institucional otorgada a la Villa de San Andrés en detrimento de Los Sauces.
La orografía abrupta de la comarca, dividida por el barranco del Agua, convertía el cumplimiento de los sacramentos en una travesía de alto riesgo. En épocas de lluvias, la población de Los Sauces quedaba completamente aislada. La solución que se plantea es clave: que hubiese atención estable en las dos iglesias. El texto insiste en que no bastaba con una presencia ocasional, pues había que atender a los feligreses, administrar los sacramentos y celebrar los oficios religiosos.
Los campesinos: tributos, rentas y pérdida de los frutos del trabajo
El apartado dedicado a la agricultura es especialmente revelador por la precisión con que describe las cargas que recaen sobre los labradores. No se limita a señalar que los campesinos vivían con dificultades: explica cómo determinadas obligaciones y prácticas podían reducir el beneficio de su trabajo hasta dejarles en una situación de auténtica precariedad.
El documento menciona los diezmos, tercios y quintos, junto con otras cargas y tributos que gravaban la producción. Denuncia además la desigualdad entre quienes cultivaban la tierra y quienes la poseían o administraban. Según el escrito, los encargados podían imponer condiciones sobre los frutos y su entrega, llegando a decidir a quiénes se daba o negaba el agua, mientras los agricultores quedaban expuestos a perder parte de la cosecha y a no obtener una compensación proporcionada al esfuerzo realizado.
La queja no se refiere solo al importe de las obligaciones, sino también a la forma de cobrarlas. El informe explica que, cuando el tributo se exigía en especie, el labrador podía verse obligado a entregar los frutos incluso en circunstancias desfavorables. Si la cosecha era mala o se perdía parte de ella, la obligación no desaparecía necesariamente: el campesino debía afrontar el pago pese a que el producto de su trabajo no alcanzara para cubrir sus necesidades.
El escrito también llama la atención sobre las cargas vinculadas a los molinos. Describe cómo el molinero debía pagar una renta al propietario y cómo ese coste repercutía en quienes necesitaban moler trigo para obtener la harina o el gofio.
Puerto Espíndola: la necesidad de facilitar la salida de los productos
El informe dedica también un pasaje significativo a Puerto Espíndola. La preocupación principal era la dificultad y el coste de transportar los productos del municipio hacia otros puertos, en particular hacia la capital insular y desde allí a otros destinos.
La petición se relacionaba directamente con la economía agrícola. Si los frutos producidos en el municipio tenían que trasladarse primero a otro punto para embarcarse, aumentaban los costes y disminuían las ganancias de quienes los cultivaban. El informe alude expresamente a los gastos excesivos que suponía llevar las mercancías hasta la capital y, desde allí, a otros puertos. La mejora de Puerto Espíndola no se presentaba, por tanto, como una aspiración aislada, sino como una condición para aliviar los costes del comercio y favorecer a los productores locales.
El informe, fechado el 16 de noviembre de 1808, reúne, en definitiva, tres preocupaciones estrechamente relacionadas: que los vecinos recibieran una atención parroquial adecuada, que los campesinos no vieran absorbido el fruto de su trabajo por un entramado de cargas y rentas, y que Puerto Espíndola pudiera contribuir de manera más eficaz a la salida de la producción local.
El manuscrito firmado por Blas Carrillo Méndez, en nombre del pueblo de Los Sauces, constituye así un testimonio valioso para la historia local. Su lectura recuerda que muchas de las preocupaciones que marcaron el desarrollo posterior del municipio —la organización de los servicios, las condiciones de vida de los agricultores y la importancia de Puerto Espíndola— ya estaban presentes hace más de doscientos años.
Nota biográfica
Blas Carrillo Méndez, vecino de la Villa de San Andrés y Sauces, fue castellano de la fortaleza de San Miguel del Puerto de Santa Cruz de La Palma. Se casó con Isabel Ginory, natural de Lanzarote, y fue el padre de Dionisio Carrillo Ginory, rico propietario de Los Sauces. Poseía terrenos en los Bajamares, en el lugar conocido por Mazapé, y arrendó la Hacienda de Casa Blanca y Manos de Oro. Asimismo, tenía propiedades en El Lomo de los Frailes y en La Capotera. Todos estos topónimos se conservan en la actualidad.
Fondo documental y fotográfico
- Informe remitido por el Ayuntamiento de la Villa de San Andrés y Lugar de Los Sauces a la Junta Suprema. 1808. Archivo de la Sociedad La Cosmológica. Santa Cruz de La Palma.
- Fotografía de Los Sauces, 1895, tomada desde La Montañeta. Fondo TEA. Coloreada y restaurada por Abraham T. Díaz Abreu.
- Plaza e Iglesia de Montserrat, 1895. Fondo TEA. Restaurada y coloreada por Abraham T. Díaz Abreu.
Fuente: artículo de Manuel Marcos Pérez Hernández, Cronista Oficial de San Andrés y Sauces, para El Faro de La Palma.
