Redacción El Faro de La Palma · 21 de octubre de 2026

En 2040 vence el plazo que la ley canaria dio hace treinta y seis años a quienes explotan pozos y galerías privados en el archipiélago. A partir de esa fecha, seguir usando esa agua exigirá una concesión pública. Contigo La Palma pide que ese cierre sea real, sin prórrogas ni «continuidad provisional», y lo plantea en las alegaciones que ha presentado al nuevo reglamento autonómico del agua.

Qué cambia en 2040

La Ley de Aguas de Canarias de 1990 fijó un plazo máximo de cincuenta años para los aprovechamientos inscritos como aguas privadas: pozos, galerías y nacientes que sus titulares explotan sin necesidad de una concesión administrativa. Ese plazo vence en 2040, y a partir de entonces quien quiera seguir extrayendo agua deberá hacerlo mediante una concesión pública, sujeta al control de la Administración.

Contigo La Palma, el partido que lidera Javier Gutiérrez Taño, ha presentado alegaciones al anteproyecto de decreto con el que el Gobierno de Canarias quiere aprobar el nuevo Reglamento Integrado del Dominio Público Hidráulico, sometido a información pública por la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas. El partido respalda el borrador —lo considera «un avance en la dirección correcta»— pero pide reforzarlo en cinco puntos para que el plazo de 2040 no se quede en papel.

Las cinco peticiones: de las prórrogas a los contadores en tiempo real

La primera y más clara: que el reglamento prohíba de forma expresa cualquier prórroga o «continuidad provisional» después de 2040. Quien no tenga concesión en esa fecha, según el partido, debería dejar de extraer agua, que volvería a manos de la administración hidráulica. La segunda pide que las obras grandes en pozos y galerías privados —reperforaciones o prolongaciones importantes— solo se autoricen si su titular solicita a la vez pasar al régimen de concesión pública.

Las otras tres propuestas: instalar contadores en tiempo real en todos los pozos y galerías, también los de heredamientos y comunidades de aguas, dentro de un plazo fijo e improrrogable; exigir a los heredamientos —que la ley canaria considera corporaciones de derecho público— que rindan cuentas ante el Consejo Insular de Aguas, bajo infracción grave si no lo hacen; y limitar la desalación para riego agrícola a los casos en que el Plan Insular Hidrológico certifique que el agua de pozos, galerías, nacientes y presas no basta para cubrir la demanda.

Por qué lo plantean ahora

El Gobierno de Canarias ha sometido el anteproyecto a información pública, el trámite en el que cualquier parte interesada puede presentar alegaciones antes de que el texto se apruebe de forma definitiva. Contigo La Palma insiste en que sus alegaciones «no buscan frenarlo, sino reforzarlo», y pide a la Administración autonómica que no se salte ni la normativa canaria, ni la española, ni la europea en materia de aguas.

Fuente: nota de prensa de Contigo La Palma, 21 de octubre de 2026.