LA PALMA · DERECHOS SOCIALES
Se llamará «Acuerdo de La Palma»: las diez defensorías del pueblo de España pactan en la isla un decálogo por el derecho a la vivienda
Las Jornadas de Coordinación que el martes tuvieron que suspender su inauguración por el accidente de Toledo cerraron este viernes con un consenso histórico: reconocer la vivienda como un derecho exigible ante las administraciones.
Redacción El Faro de La Palma · 30 de octubre de 2026
El documento que las diez defensorías del pueblo de España acaban de firmar tras un año de trabajo conjunto llevará el nombre de la isla que las reunió: el «Acuerdo de La Palma». Es el cierre de unas 39.ª Jornadas de Coordinación que arrancaron con la inauguración suspendida por el accidente ferroviario de Toledo y que, tres días después, han terminado con lo que la Diputación del Común presenta como un consenso sin precedentes: un decálogo para que la vivienda deje de depender solo del mercado y se reconozca como un derecho que los ciudadanos puedan exigir a las administraciones.
La propuesta central: que se pueda exigir, no solo esperar
El punto de partida del decálogo es reconocer la vivienda como un derecho subjetivo: que una persona que no pueda acceder a ella en condiciones de mercado, sobre todo si está en situación de vulnerabilidad, pueda reclamar una respuesta concreta a la administración, y no limitarse a esperar turno en una lista. Las defensorías piden también acabar con el funcionamiento de los registros de demandantes de vivienda como simples listas de espera, con una resolución expresa y en plazo razonable para cada solicitud.
Más vivienda protegida y más control del alquiler turístico
El acuerdo reclama aumentar de forma significativa el parque de vivienda social hasta acercarse a los estándares europeos, manteniendo de forma permanente su calificación protegida para que no acabe en el mercado libre. Pide también reforzar las ayudas al alquiler y, en un punto que toca directamente a una isla turística como La Palma, intensificar la supervisión de los alquileres de uso turístico y de los contratos de temporalidad para que no resten oferta a la vivienda de larga duración.
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La vivienda no puede entenderse exclusivamente como un bien sujeto a las dinámicas del mercado, puesto que sus condiciones de acceso y mantenimiento determinan las posibilidades de desarrollar una vida digna y de ejercer otros derechos
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LOLA PADRÓN — DIPUTADA DEL COMÚN DE CANARIAS
Un acuerdo con nombre de isla, en plena crisis de vivienda local
Que el documento se llame «Acuerdo de La Palma» no es solo un gesto protocolario. Llega a una isla que, según ha contado este periódico, arrastra una crisis de acceso a la vivienda agravada tras la erupción volcánica, y el mismo día en que Los Llanos de Aridane aprobaba recuperar suelo urbanizable para construir, con la mitad reservada a protección pública. El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, enmarcó el consenso como una respuesta a algo más amplio que la vivienda: la necesidad de «afrontar la desafección, que puede acabar poniendo en cuestión la democracia», a través del trabajo conjunto entre instituciones.
LAS CLAVES DEL ACUERDO
- Vivienda como derecho exigible. Quien no pueda acceder a ella en el mercado podrá reclamar una respuesta a la administración.
- Más vivienda protegida, de forma permanente. Evitar que las promociones públicas acaben incorporándose al mercado libre.
- Resolución en plazo para cada solicitud. Se acaba el funcionamiento de las listas de demandantes como simple espera.
- Más control sobre el alquiler turístico y de temporalidad, para que no resten oferta a la vivienda habitual.
- Atención prioritaria a menores, mayores, víctimas de violencia de género y personas sin hogar.
Fuente: Diputación del Común de Canarias.
