La consejera socialista Susana Machín señala que la entidad del Gobierno de Canarias pretende vender estas casas por un precio de entre 109.000 y 140.000 euros, «olvidando a las personas en exclusión residencial»
REDACCIÓN | EL FARO DE LA PALMA, 7 de noviembre de 2025
SANTA CRUZ DE LA PALMA – El Grupo Socialista en el Cabildo de La Palma ha expresado su «rechazo absoluto» a la decisión de la empresa pública Visocan, dependiente del Gobierno de Canarias, de poner exclusivamente a la venta las viviendas de Finca Amado que no van a ser entregadas a las personas afectadas por el volcán.
Así lo ha manifestado la consejera socialista Susana Machín durante el pleno insular. La polémica surgió tras confirmar la responsable insular de Servicios Sociales y Vivienda, Ángeles Fernández (CC), que Visocan había optado por esta fórmula de venta exclusivamente, sin destinar ninguna a alquiler social.
Machín mostró su sorpresa y se preguntó «qué había cambiado con respecto al mes pasado», cuando la propia consejera de Vivienda había indicado en el pleno anterior que parte de las viviendas de Finca Amado irían a alquiler social y otras a venta.
«Familias en exclusión residencial»
La consejera socialista denunció que Visocan tiene la intención de poner a la venta estas viviendas por unos precios que oscilan entre los 109.000 y los 140.000 euros. Unos importes, señaló, que dejan fuera a la mayoría de la población que necesita ayuda. «Existen muchas familias en situación de exclusión residencial extrema, que podrían optar a un alquiler pero no a una compra», recalcó.
En esta línea, Machín exigió al Gobierno de Coalición Canaria en el Cabildo que «no se quede de brazos cruzados ante esta injusticia». Le instó a abrir «una vía de negociación con Visocan para que destine parte de estas viviendas a alquiler social».
La consejera del PSOE fue muy crítica con la gestión de estas casas, construidas en Breña Baja: «No solo llevan un año con las viviendas terminadas sin entregar ni una sola de ellas, sino que, además, la solución que aportan deja desamparada a una parte importante de la población demandante de vivienda en La Palma», concluyó.
