El viceconsejero Marcos Lorenzo anuncia en Breña Baja una partida de 500.000 euros para crear la Agencia Canaria de Emergencias y apuesta por un sistema «moderno y adaptado a la realidad volcánica».
REDACCIÓN. EL FARO DE LA PALMA, 18 de noviembre de 2025.
BREÑA BAJA. La Palma, epicentro reciente de la mayor emergencia volcánica de Canarias, se convierte ahora en el laboratorio para diseñar la seguridad del futuro. El Gobierno de Canarias avanza en la redacción de una nueva Ley de Protección Civil y Gestión de Emergencias con un objetivo claro: que esté «plenamente alineada» con la Ley 5/2025 de Volcanes de Canarias.
Así lo destacó hoy en Breña Baja el viceconsejero de Emergencias y Aguas, Marcos Lorenzo Martín, durante una jornada de trabajo insular. «El reto es configurar una arquitectura de emergencias donde todo encaje: la gestión de riesgos meteorológicos, incendios forestales, crisis volcánicas o situaciones ordinaria», señaló Lorenzo.
El encuentro contó con la presencia del presidente del Cabildo, Sergio Rodríguez, el teniente de alcalde de Breña Baja, Abel Pérez, y el subdirector de Emergencias, Carlos Martín Esquivel.
Nace la Agencia Canaria de Emergencias
Uno de los anuncios más relevantes de la jornada fue la confirmación de una apuesta económica firme. El Gobierno ha incluido en el proyecto de presupuestos de la Comunidad Autónoma una partida de 500.000 euros para impulsar la creación de la Agencia Canaria de Emergencias. Este nuevo organismo busca permitir una respuesta «más rápida, profesionalizada y eficaz» en todo el archipiélago.
Tecnología y ciudadanía
La futura ley no solo busca coordinación administrativa, sino modernización tecnológica. Se integrarán herramientas avanzadas como el uso de drones, sistemas digitales de gestión y análisis. Además, el viceconsejero puntualizó que la norma «reconoce a la ciudadanía como un agente activo dentro del sistema», reforzando la cultura de la autoprotección y la formación.
Las aportaciones recogidas hoy en La Palma, vitales por la experiencia acumulada tras la erupción de 2021, servirán para pulir protocolos de alerta temprana y mejorar la interoperabilidad entre administraciones.
