Patricia Suárez denuncia el «calvario administrativo» de su padre: la Seguridad Social le retiró la ayuda por «reactivar la actividad», ignorando que las plataneras tardan años en dar fruto e ingresos. Pese a tener una sentencia judicial a favor y el respaldo del Defensor del Pueblo, el Gobierno no modifica la ley.
REDACCIÓN. EL FARO DE LA PALMA, 05 de diciembre de 2025.
LOS LLANOS DE ARIDANE.- La recuperación tras la erupción de Tajogaite está llena de zonas grises donde la burocracia choca frontalmente con la realidad del campo. La web solidaria ElValledeAridane.com, impulsada por la asociación Tierra Bonita, ha sacado a la luz el testimonio de Patricia Suárez, hija de un agricultor palmero que lleva dos años atrapado en una pesadilla administrativa. Su «delito»: intentar recuperar la única parte de su propiedad que no fue sepultada por la lava.
La familia denuncia que la Seguridad Social retiró la prestación por cese de actividad al padre en el momento en que este decidió resembrar el 25% de su finca original (el 75% restante se perdió). La administración interpretó que había «reiniciado la actividad», sin tener en cuenta la realidad biológica del plátano: desde que se siembra hasta que se cosecha y se cobra, pasa un largo periodo de tiempo en el que el agricultor no solo no tiene ingresos, sino que solo tiene gastos.
La Justicia y el Defensor del Pueblo les dan la razón
Patricia, graduada social de profesión, decidió no rendirse y llevó el caso a los tribunales. El tiempo le ha dado la razón jurídica. En septiembre de 2024, el Juzgado de lo Social nº 6 de Santa Cruz de Tenerife dictó sentencia favorable, reconociendo que el agricultor tiene derecho a mantener la ayuda extraordinaria (el 70% de la base reguladora) hasta que obtenga una nueva cosecha real.
Además, cuentan con el respaldo del Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, quien emitió una resolución instando a la administración a mantener la prestación incluso si se reanuda parcialmente la actividad, entendiendo la situación de vulnerabilidad.
El muro legislativo: «Excusas de aritmética parlamentaria»
Pese a las victorias morales y judiciales, el problema persiste. La familia explica que la Mutua ha recurrido el fallo, por lo que la sentencia no es firme. La solución definitiva pasa por la política: el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social reconoce por escrito que hace falta una norma con rango de ley para corregir este vacío legal.
Sin embargo, desde la Secretaría de Estado alegan que su aprobación podría resultar «dificultosa por la actual aritmética parlamentaria». Una respuesta que Patricia Suárez califica de «excusa», lamentando que una familia sufra las consecuencias de la parálisis política. «A veces pienso que no sirve de nada hablar con los políticos, porque no parecen interesados en los problemas reales», critica.
Decepción con el último decreto y las oficinas de atención
La familia tenía la esperanza de que su caso se incluyera en el Real Decreto Ley aprobado el pasado 25 de noviembre (el que autoriza los 100 millones para el pago del valor de lo perdido). Consideraban que era «el momento ideal» para introducir la modificación legal con carácter retroactivo. Al no ser así, se sienten «ignorados de nuevo».
Suárez también carga contra la ineficacia que percibe en las oficinas de atención a los damnificados y en la Comisión Mixta para la Reconstrucción. «Los integrantes de la Comisión ya ni contestan; antes decían que lo iban a proponer, pero la realidad es que nadie ha resuelto esta injusticia», asegura, denunciando que las otras ayudas (como la bonificación del IRPF o la moratoria de créditos) no sirven de nada a quien tiene ingresos cero.
«No voy a parar hasta que el Gobierno acabe con este injusto calvario; es una cuestión de sentido común y de justicia», concluye la afectada, que asegura que no van a tirar la toalla pese al desgaste emocional y económico.
