El colectivo reclama la misma celeridad demostrada con el sector agrario para abonar las indemnizaciones pendientes de segundas residencias y resolver la incertidumbre sobre los terrenos de la «zona roja».
REDACCIÓN. EL FARO DE LA PALMA. 4 de enero de 2026.
Los Llanos de Aridane. — La gestión de la post-emergencia en La Palma sigue generando tensiones. Un grupo de afectados por la erupción de 2021 ha decidido hacer pública su preocupación sobre el criterio de distribución de los fondos de reconstrucción. A través de declaraciones al portal ElValledeAridane.com, este colectivo exige a las administraciones —especialmente al Gobierno de España y al de Canarias— que las ayudas pendientes se distribuyan de forma equilibrada para evitar una fractura social entre damnificados «de primera y de segunda».
El principal temor de estas familias radica en los «agravios comparativos», tanto en las cuantías económicas como en los tiempos de espera. Cuatro años después de la catástrofe, advierten que «lo urgente es culminar la compensación a todas las personas que perdieron sus propiedades», poniendo el foco en aquellos expedientes que han quedado rezagados frente a otros sectores.
El precedente agrario: «Cuando hay voluntad, hay rapidez»
El colectivo utiliza como ejemplo la reciente gestión de las ayudas al plátano. Reconocen la eficacia del Ejecutivo regional al tramitar 1.136 expedientes y abonar 100 millones de euros al sector agrario en tiempo récord (menos de un mes). Sin embargo, utilizan este éxito administrativo para exigir el mismo trato: «Cuando existe voluntad, es posible actuar con rapidez».
En este sentido, reclaman que se ejecute con urgencia el compromiso del Gobierno de Canarias de destinar 50 millones de euros de los presupuestos de este año para indemnizar a quienes perdieron segundas viviendas, una vez finalizados los pagos a los agricultores en enero.
Segundas residencias y la incertidumbre de la «zona roja»
Los afectados recuerdan que todavía existe una larga lista de tareas pendientes: no se han abonado las indemnizaciones por la pérdida de segundas residencias y otros inmuebles, e incluso «existen expedientes de propietarios de primeras viviendas que siguen sin resolverse».
Además, denuncian la incertidumbre absoluta que viven los propietarios de terrenos en la denominada zona roja o zona cero, que podrían declararse espacio natural protegido. «Tampoco se ha aclarado aún qué compensaciones recibirán», lamentan, sumando a esto la falta de plazos claros para la reposición de servicios públicos urbanos básicos para reconstruir.
El grupo defiende que las segundas residencias no son un lujo prescindible, sino un motor económico y emocional: «Permitían a las familias que habían tenido que emigrar por motivos laborales mantener su vínculo con su Valle natal y contribuían a la economía comarcal e insular».
«La burocracia es un segundo volcán»
Una de las críticas más duras se dirige hacia la falta de fiscalización. Estos afectados sostienen que la opinión pública «sigue sin saber cuánto y cómo se han repartido» los ingentes recursos movilizados, denunciando que la gestión «adolece de falta de transparencia» al no haber sido objeto de una auditoría independiente. «Esta opacidad es terreno abonado para la sospecha», advierten.
El sentimiento de desgaste es palpable en su mensaje final: “La burocracia se ha convertido en un segundo volcán para quienes ya lo habían perdido todo, porque cuatro años después sigue habiendo afectados que no han recibido compensaciones completas o que viven en una incertidumbre administrativa permanente”.
