La asociación ecologista presenta un recurso de reposición contra el proyecto Las Manchas-Tajuya, denunciando que se les ocultó el expediente solicitado en febrero de 2025 y que la aprobación se hizo en plenas vacaciones judiciales para impedir su paralización cautelar.
REDACCIÓN. EL FARO DE LA PALMA. 5 de enero de 2026.
Santa Cruz de La Palma. — La batalla por la carretera sobre las coladas del volcán se recrudece. La asociación Centinela-Ecologistas en Acción ha interpuesto un recurso de reposición contra el acuerdo del Consejo de Gobierno de Canarias del pasado 23 de diciembre, mediante el cual se dio luz verde al proyecto complementario del tramo Las Manchas–Tajuya de la LP-2.
El colectivo solicita la nulidad del acuerdo y la suspensión inmediata de la ejecución de las obras, alertando del riesgo evidente de daños irreparables en un territorio que califican de «altísimo valor geológico y ambiental».
Denuncia de indefensión y oscurantismo
El recurso se fundamenta en la omisión del trámite de audiencia previsto en la Ley del Procedimiento Administrativo Común. Centinela asegura que en febrero de 2025 compareció formalmente como persona interesada, solicitando acceso al expediente «mucho antes de que se dictara resolución».
Sin embargo, denuncian que la administración nunca les facilitó la documentación ni les dio acceso al expediente, impidiendo así cualquier posibilidad de formular alegaciones. «Se ha hurtado a la sociedad y a esta asociación toda forma posible de controlar la actividad de la administración», señalan, calificando la situación de «absoluta indefensión material».
Un espacio protegido cautelarmente
Centinela recuerda que los campos de lava afectados son hábitats de interés comunitario y que la zona cuenta con protección cautelar mediante la ley autonómica 2/2024, a la espera de su declaración definitiva como espacio natural protegido.
Además, los ecologistas esgrimen un informe del Instituto Geológico y Minero de España (IGME) de 2022, que recomendaba ampliar el Parque Natural de Cumbre Vieja para incluir el nuevo cono y las formaciones asociadas. Aunque desde el Gobierno de Canarias se aseguró haber pactado el trazado con el IGME, Centinela afirma que sus fuentes desmienten tal acuerdo.
«Alevosía» navideña
La crítica de la asociación va más allá de lo técnico y entra en lo político. Centinela considera que la fecha elegida para la aprobación, el 23 de diciembre, no fue casual. «Tomar la decisión justo el día en que los tribunales inician las vacaciones navideñas, impidiendo la solicitud de suspensión cautelar por vía judicial, confirma las formas autoritarias y alevosas de este gobierno», sentencian en su comunicado.
Para los ecologistas, esta maniobra busca imponer una política de «hechos consumados», actuando al margen del control ciudadano y judicial para ejecutar una obra cuestionada antes de que los tribunales puedan pronunciarse.
