Hay una verdad que no aparece en las estadísticas, pero que cualquier palmero puede ver con sus propios ojos: los carteles de «Se Alquila» han desaparecido de nuestros balcones. En su lugar, en cada esquina, han proliferado las placas de «Vivienda Vacacional». Es la constatación visual de una tragedia silenciosa que está expulsando a la gente de su propia isla.
Para entender la situación actual, hay que retroceder a marzo de 2020. Justo antes de la pandemia, La Palma ya contaba con 2.451 viviendas vacacionales registradas. El mercado estaba tensionado, pero la erupción del volcán en 2021 pulverizó la frágil estabilidad que quedaba, generando una demanda masiva y desesperada de alquileres que la isla no estaba preparada para absorber.
Aquí es donde la tragedia se hace evidente. En el momento de mayor necesidad de hogares para los palmeros, el mercado ha respondido de la peor forma posible. Los datos oficiales del ISTAC muestran que el número de viviendas vacacionales se ha disparado. Entre septiembre de 2023 y 2024, la cifra creció en 413 nuevas altas, pasando de 1.652 a 2.065. Esto supone un crecimiento del 25% en solo doce meses. Para ponerlo en perspectiva, es como si cada día laborable del año, dos viviendas familiares se hubieran convertido al negocio turístico.
Mientras tanto, la pregunta que muchos se hacen es: ¿qué hacen nuestras administraciones para frenarlo? La prueba más evidente de esta parálisis local es que ha tenido que ser el Ministerio de Vivienda quien tome cartas en el asunto a nivel nacional. Gracias al impulso de la ministra Isabel Rodríguez, se ha creado un Registro Único que ya ha recibido más de 264.000 solicitudes para alquiler turístico en toda España, de las cuales casi 54.000 (un 20%) han sido revocadas por no cumplir la ley.
Estos datos demuestran que, cuando hay voluntad política, se actúa. La pregunta, por tanto, es clara: si el Estado está identificando 8.900 pisos turísticos ilegales en Canarias, ¿por qué el Gobierno de Canarias, el Cabildo y los ayuntamientos no están desarrollando sus propias normativas valientes para atajar un problema que ellos mismos deberían estar liderando? La vivienda debe ser para vivir, no un mero elemento de negocio turístico. Esta situación no es fruto de la casualidad, sino de la dejadez. Una inacción que la población de la isla ya califica como un «maltrato».
