Los vecinos de Tazacorte se enfrentan a un grave perjuicio económico y de seguridad tras dos años y medio de parálisis en las obras del nuevo vial que conecta El Pozo con la Plaza de Castilla. La incapacidad para resolver el contrato con la empresa que abandonó el proyecto no solo supondrá la devolución de 340.000 euros al Cabildo, sino que ya ha provocado incidentes como la caída de muros en plena vía pública, poniendo en riesgo la integridad de los transeúntes.
REDACCIÓN. EL FARO DE LA PALMA, 19 de febrero de 2026.
TAZACORTE.- La gestión del grupo de gobierno tripartito (PSOE, CC y PP) en la Villa y Puerto de Tazacorte vuelve a estar en el centro de la polémica. Juan Miguel Rodríguez Acosta, portavoz de Nueva Canarias, ha denunciado una serie de irregularidades administrativas que están asfixiando los recursos públicos del municipio. El eje del conflicto es el nuevo vial desde El Pozo hasta la Plaza de Castilla, una obra adjudicada y posteriormente abandonada por la empresa constructora hace ya treinta meses sin que el Ayuntamiento haya sido capaz de rescindir el contrato para buscar una nueva alternativa.
Esta parálisis administrativa tiene un coste real para las arcas municipales: la pérdida inminente de una subvención del Cabildo Insular de La Palma que asciende a 340.000 euros. Pero el daño económico no termina ahí. Según los datos aportados por NC, el consistorio podría verse obligado a pagar 66.784,06 euros a un «fondo buitre» por obras que nunca se llegaron a ejecutar. Esta situación se deriva de la pignoración de la certificación nº 9 y del presunto pago irregular de la certificación nº 8, la cual incluía unidades de obra que no se realizaron, comprometiendo gravemente los recursos de los contribuyentes.
La desidia administrativa ha traspasado el plano económico para convertirse en un problema de seguridad ciudadana. Como consecuencia de los últimos temporales, parte de la fachada del antiguo «Frío del Puerto», ubicada en una parcela municipal de la Plaza de Castilla, se ha desplomado. Rodríguez Acosta advierte que este muro debería haber sido demolido si las obras del vial hubiesen concluido a tiempo. El portavoz califica de «lamentable» que este riesgo de «verdadera desgracia» se mantenga por la falta de firmeza del Alcalde y su grupo de gobierno a la hora de incautar la fianza a la empresa y exigir el reintegro de los fondos abonados indebidamente.
Ante la gravedad de los hechos, desde Nueva Canarias exigen la apertura inmediata de un expediente para reclamar el importe de las unidades de obra cobradas y no ejecutadas. Recuerdan que las certificaciones de obra son documentos que acreditan trabajos reales y no pueden contener mediciones falsas según la Ley de Contratos del Sector Público. La formación ha anunciado que se reserva el derecho de acudir a la Fiscalía Anticorrupción si el gobierno municipal no actúa con transparencia y eficacia para proteger el interés general y frenar lo que consideran una «nefasta gestión» que afecta directamente a la comunidad de la Villa y Puerto.
