Redacción El Faro de La Palma · 4 de septiembre de 2026

Detrás de cada expediente de dependencia hay una familia esperando una respuesta, y en Canarias esa respuesta llevaba años chocando con un cuello de botella burocrático: seis de cada diez centros y servicios que ya atienden a personas dependientes en la región, dentro de los convenios que el Gobierno mantiene con los cabildos, seguían sin la acreditación administrativa en regla. El Decreto-ley 5/2026, defendido este jueves por la consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, Candelaria Delgado, ante la Comisión de Cabildos del Parlamento de Canarias, busca cerrar esa brecha sin tocar ni un derecho ya reconocido.

Menos papeleo para abrir un centro, sin bajar el listón de calidad

La norma sustituye, con carácter general, la exigencia de autorización administrativa previa para poner en marcha un centro o servicio de dependencia por un modelo basado en la declaración responsable: quien cumple los requisitos puede empezar a funcionar antes, sin esperar meses a que la Administración resuelva el expediente. Delgado fue clara en que esto no relaja el control: la Administración conserva sus competencias de comprobación, inspección y sanción, y cualquier centro que quiera entrar en el Sistema Público de Dependencia debe obtener igualmente su acreditación y cumplir los requisitos de calidad exigidos.

Para no dejar en el limbo a los centros que ya funcionan bien pero arrastran papeleo pendiente, la norma habilita acreditaciones provisionales de hasta dos años y permite que colegios profesionales especializados colaboren en la elaboración de los informes técnicos necesarios. Delgado insistió en que el retraso acumulado «no significa que estos recursos carezcan de condiciones adecuadas para atender a las personas ni que estén funcionando de forma irregular», sino que responde a dificultades administrativas de años.

Más margen para que el Gobierno cree plazas cuando faltan

La segunda pata del decreto da al Gobierno de Canarias la capacidad de crear, financiar, organizar y gestionar plazas y recursos directamente cuando exista insuficiencia de oferta, lista de espera, urgencia social o desequilibrios entre islas. Es una herramienta pensada para los casos en los que el sistema insular se queda corto y la familia no puede esperar a que se resuelva sobre el papel.

Qué significa para el Cabildo de La Palma

La nota de la Consejería no da cifras isla por isla, pero el propio decreto se debatió ante la Comisión de Cabildos del Parlamento, el órgano en el que las siete corporaciones insulares —entre ellas el Cabildo de La Palma— defienden su papel en la gestión de la dependencia. Delgado remarcó que la nueva capacidad del Gobierno «no pretende sustituir» a los cabildos ni asumir la gestión de sus recursos, sino sumar margen de maniobra cuando la oferta insular no llegue a cubrir la demanda. La norma mantiene, de forma expresa, las competencias del Cabildo de La Palma sobre sus propios centros, servicios y plazas, así como su participación en la inspección y el control de calidad.

El dato de fondo explica por qué esto interesa a cualquier familia palmera con un mayor o una persona dependiente a su cargo: si el Decreto-ley logra que el 60% de centros y servicios pendientes de acreditación en toda Canarias regularicen su situación con acreditaciones provisionales de hasta dos años, ese proceso también alcanza a los centros que el Cabildo de La Palma tiene concertados en la isla dentro del sistema público de dependencia.

El resto del decreto: fondos europeos y ajustes fiscales

El Decreto-ley 5/2026 no se limita a la dependencia. También modifica la normativa presupuestaria canaria para poder extender más allá de 2026 algunos compromisos plurianuales ligados a fondos europeos Next Generation, cuando los propios programas europeos lo permitan. Y ajusta varias cuestiones fiscales menores: el tratamiento tributario de combustibles mezclados con biocarburantes, los requisitos del tipo reducido del 0,1% en Actos Jurídicos Documentados para las sociedades de garantía recíproca, y un tipo cero del AIEM para la importación de dióxido de carbono hasta el 31 de marzo de 2027, mientras esté parada la producción local.

Fuente: nota de prensa de la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias, 3 de septiembre de 2026.