El consejero del PP denuncia que el Gobierno de Canarias no está cumpliendo con su obligación legal de financiar la reconstrucción de fincas y advierte sobre el riesgo de abandono de pequeños agricultores ante la falta de recursos.
REDACCIÓN. EL FARO DE LA PALMA, 21 de enero de 2026.
SANTA CRUZ DE LA PALMA.- El consejero del Grupo Popular en el Cabildo de La Palma, Carlos Cabrera, ha reclamado de forma urgente la activación efectiva de las ayudas contempladas en la Ley de Volcanes de Canarias. Cabrera ha recordado que esta norma, en vigor desde el pasado 14 de octubre con carácter retroactivo, reconoce el derecho de los titulares de explotaciones agrícolas y ganaderas a recuperar sus terrenos, pero denuncia que, hasta la fecha, la implementación real de estos fondos es prácticamente nula.
Cabrera ha puesto el foco en el artículo 11 de la citada ley, que establece que es el Gobierno de Canarias el responsable de implementar un plan de ayudas que cubra los costes de recuperación. En este sentido, el consejero se ha mostrado crítico con la estrategia de derivar la responsabilidad al Estado. “La Ley es rotunda: es el Gobierno de Canarias quien está obligado a implementar esas ayudas. Proceda al abono y, si se quiere al mismo tiempo, pídase a otras entidades públicas”, ha afirmado con contundencia.
Solicitudes sin resolver y falta de presupuesto
Según los datos manejados por el Grupo Popular, la administración ha recibido numerosas solicitudes para actuaciones urgentes en el Valle de Aridane, tales como:
- Apertura de pistas y accesos.
- Instalación de redes de riego.
- Desmontes de terreno y reposición de tierras.
- Cerramientos y acondicionamiento de fincas.
Sin embargo, Cabrera denuncia que «apenas se han resuelto esas peticiones» y que no consta una consignación presupuestaria suficiente para hacer frente a los compromisos que marca la ley. Asimismo, ha criticado la falta de una «reclamación firme» por parte del Grupo de Gobierno Insular para agilizar este plan de recuperación.
Riesgo de abandono del sector
El consejero popular advierte que esta parálisis administrativa tiene consecuencias humanas y económicas directas. “Estamos perdiendo pequeños agricultores y ganaderos que renuncian a continuar porque no ven viable afrontar la reconstrucción por su cuenta”, señala Cabrera.
Para el PP, la Ley de Volcanes no puede quedar reducida a una declaración de intenciones en el papel, sino que debe traducirse en recursos, plazos y soluciones reales para garantizar el futuro del sector primario en la isla. Por ello, instan al Cabildo a liderar la gestión y exigir al Ejecutivo autonómico una ficha financiera que permita la vuelta a la producción de las fincas afectadas.
