Redacción · El Faro de La Palma · 20 de septiembre de 2026

Han pasado ya cerca de cincuenta días desde que, en la madrugada del 30 de julio, más de 60.000 personas cruzaran a nado y en tropel la frontera de Ceuta procedentes de Marruecos, en la mayor avalancha migratoria que ha vivido nunca una frontera española. Lo que entonces se presentó como una emergencia puntual se ha convertido en una crisis instalada: esta misma semana el Gobierno reconocía que unos 10.000 migrantes seguían en la ciudad autónoma, el doble de los 5.000 que Interior admitía en agosto, con entre 3.000 y 4.000 personas todavía durmiendo en calles, montes y playas.

Una avalancha organizada en las redes sociales

La avalancha del 30 de julio no fue espontánea. Se coordinó en buena medida a través de grupos de Facebook y aplicaciones de mensajería que difundieron rutas para llegar nadando hasta Ceuta bordeando el espigón del Tarajal, junto con rumores falsos que aseguraban que España había «abierto sus fronteras». En menos de 48 horas cruzaron más de 60.000 personas, muy por encima de las entre 8.000 y 12.000 que entraron en la crisis de mayo de 2021, hasta ahora la referencia de este tipo de episodios en la frontera sur.

Las autoridades marroquíes guardaron durante las primeras horas lo que varias fuentes policiales españolas describieron como un «silencio institucional», con una pasividad que permitió que el fenómeno alcanzara esas dimensiones antes de que Rabat organizara autobuses para retornar a parte de los migrantes. El Ejército español se movilizó ya avanzada la tarde, cuando miles de personas habían cruzado, y el dispositivo policial llegó a gestionar retornos a un ritmo de 150 personas por minuto en los momentos de mayor intensidad.

Una herida que no cierra: entre 67 y 130 muertos

La cifra de fallecidos sigue sin consolidarse casi dos meses después, y el desajuste entre fuentes es en sí mismo parte de la historia. El Gobierno español ha reconocido 72 muertes; las autoridades de Ceuta elevan la cifra a 88; la Asociación Marroquí de Derechos Humanos ha llegado a hablar de hasta 130 fallecidos, además de «decenas» de desaparecidos. El Ejecutivo marroquí no ha ofrecido un balance oficial propio. La mayoría de las víctimas murieron intentando cruzar a nado hasta la playa del Tarajal, y buena parte de los cuerpos fueron trasladados al antiguo Hospital Militar, a unos dos kilómetros de la playa a la que trataban de llegar.

Cincuenta días después, la ciudad sigue desbordada

Lejos de resolverse, la situación se ha cronificado. El pasado viernes el Gobierno ejecutó, con el aval de la Audiencia Nacional, un operativo que trasladó en pocas horas a unas 1.700 personas desde las playas hasta un campamento de carpas habilitado en el puerto de Ceuta, con capacidad para ese mismo número de plazas. El propio Ejecutivo ha admitido que «nunca antes se había movido a 1.700 personas a la vez en España». El traslado no estuvo exento de tensión: cuando llegaron las patrullas, muchos migrantes corrieron para intentar ser de los primeros en acceder al campamento, y los agentes respondieron con cargas para mantener el control, aunque el Gobierno niega que se produjeran actos de violencia grave.

El problema de fondo, sin embargo, no se ha resuelto: los 6.000 puestos de acogida disponibles en la ciudad están completos, y entre 3.000 y 4.000 personas continúan sin plaza, durmiendo en calles, montes y playas. El propio Ejecutivo reconoce que hacen falta nuevos espacios, pero los trabajos para habilitarlos no han comenzado ni se ha decidido siquiera su ubicación. De hecho, más de 2.000 personas ya han vuelto a las playas tras completarse el aforo del campamento del puerto.

La gestión del operativo ha reabierto además la confrontación política interna. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, criticó la actuación y pidió devolver a los migrantes a Marruecos, cargando la responsabilidad sobre Pedro Sánchez. El Gobierno rechazó esa propuesta calificándola de «irresponsable» y contraria a la ley, mientras Sumar, socio de coalición, censuró las cargas policiales contra las personas migrantes. Ceuta, con apenas 85.000 habitantes, se ha convertido así en el escenario de un pulso que en realidad se libra en Madrid.

El giro de la opinión pública contra Marruecos

Si algo ha cambiado de forma duradera en estos cincuenta días es la mirada de la sociedad española sobre Marruecos. Encuestas de distintos institutos —40dB, Sigma Dos, GAD3— coinciden en que en torno al 89-90% de los españoles atribuye a Marruecos una responsabilidad «mucha o considerable» en la avalancha migratoria, muy por encima del reparto de culpas de crisis anteriores. El símbolo más elocuente de ese giro es un dato de Sigma Dos: el 84% de los encuestados rechaza que Marruecos coorganice con España y Portugal el Mundial 2030.

El propio Gobierno sale mal parado en estos sondeos independientes: un 63% califica de «mala o muy mala» la actuación de Pedro Sánchez durante la crisis, frente a apenas un 14,2% que la considera «buena o muy buena», y un 72% cree que el Ejecutivo incurrió en fallos relevantes de gestión. Con todo, el reproche a Rabat no se traduce en una ruptura sentimental con el país vecino: hasta un 85% de los españoles sigue considerando «muy» o «bastante» importante mantener una buena relación con Marruecos, y un abrumador 89,4% reclama una mayor implicación de la Unión Europea en el control de esta frontera exterior común.

Turismo e inversión: el frente económico, más frágil de lo que parece

España y Marruecos mantienen una relación económica que ronda los 23.000 millones de euros anuales en intercambios y proyectos conjuntos, y ese es el terreno donde más se ha hablado de un posible «hundimiento» a raíz de la crisis. La realidad, con los datos disponibles, es más matizada que el relato del boicot masivo que ha circulado en redes sociales. El sector turístico —Mesa del Turismo, CEAV— admite un «retraimiento inicial» en las nuevas reservas hacia Marruecos tras el 30 de julio, pero asegura que esa desaceleración «se ha ido diluyendo progresivamente» y que la situación «está volviendo a la normalidad». El único dato cuantificado que ha trascendido, aportado por la agencia Luxotour, habla de una caída del 2,8% en las reservas durante la primera quincena de septiembre, una cifra que la propia compañía advierte que «no constituye por sí misma una señal determinante». España es el segundo mercado emisor de turistas hacia Marruecos, con más de cuatro millones de viajeros en 2024.

En el capítulo de la inversión, no hay todavía datos que acrediten una retirada de proyectos españoles en Marruecos —energía, infraestructuras, agroalimentación son los sectores con más exposición—, y es probable que un efecto de ese tipo, si llega a producirse, tarde meses en reflejarse en las estadísticas. Lo que sí es ya un hecho es el deterioro del clima diplomático: España ha llegado a acusar a Marruecos de recurrir al «chantaje» migratorio, una acusación que marca el tono más duro entre ambos países desde la crisis de Ceuta de 2021 y que añade incertidumbre a una relación bilateral de la que dependen miles de empleos y millones de euros en inversión a ambos lados del Estrecho.

Un desgaste que, de momento, no se traduce en las urnas

El contraste más llamativo de estas siete semanas es el que existe entre el severo suspenso que dan a la gestión de la crisis los sondeos independientes y la fotografía que ofrece el CIS de Tezanos, el barómetro oficial del Gobierno. Su encuesta de septiembre sitúa al PSOE en el 31% (dos puntos menos que en julio), al PP en el 25,5% y a Vox en el 16,6%, con Sánchez todavía por delante de Feijóo en el liderazgo espontáneo (39,8% frente a 21%). Un detalle no ha pasado desapercibido: el propio estudio del CIS «ni pregunta por la gestión de la crisis ni incluye una valoración de los ministros» implicados, pese a que hasta ocho miembros del Gobierno han comparecido en el Congreso por este asunto. Esa asimetría entre lo que preguntan unos sondeos y otros es, en sí misma, otro síntoma del terreno resbaladizo en el que se mueve el Ejecutivo con Ceuta.

Cincuenta días después de que empezara todo, ni la ciudad autónoma ni el Gobierno tienen una fecha para dar la crisis por cerrada. Ceuta sigue sin espacio suficiente para acoger a quienes ya han cruzado, Rabat no ha ofrecido explicaciones públicas sobre lo ocurrido el 30 de julio, y una parte creciente de la sociedad española ha empezado a mirar a Marruecos —como socio comercial, turístico y hasta deportivo— con una desconfianza que, a diferencia de otras crisis fronterizas del pasado, no da señales de disolverse con el paso de las semanas.