Redacción El Faro de La Palma · 22 de julio de 2026

Ni una cama turística menos mientras La Palma se adapta a la nueva ley. Es el argumento con el que el diputado de Coalición Canaria Jonathan Felipe reclama al Gobierno de Canarias un Decreto-Ley de urgencia que dé seguridad jurídica a los propietarios de alquiler vacacional de las Islas Verdes —La Palma, La Gomera y El Hierro—, después de que PSOE y Nueva Canarias bloquearan en el Parlamento una enmienda con el mismo objetivo.

Qué pide exactamente Coalición Canaria

Durante la tramitación parlamentaria de la ley para la agilización y simplificación de licencias, los nacionalistas presentaron una enmienda in voce para habilitar un procedimiento transitorio con exigencias básicas: un plano de situación de la vivienda, fotografías del exterior e interior, y la copia o el número de expediente de la autorización o declaración responsable correspondiente. Para las edificaciones ya en funcionamiento y no adaptadas a la legalidad vigente, se pedía acreditar sistemas de protección contra incendios y, si tenían piscina, el equipamiento necesario para su tratamiento y seguridad. La propuesta incluía además una moratoria de cinco años para completar la adaptación plena a la normativa.

La enmienda no llegó a tramitarse tras el voto en contra de PSOE y Nueva Canarias, algo que Jonathan Felipe recuerda ahora al pedir que el Gobierno de Canarias resuelva por la vía del decreto lo que no salió adelante en el Parlamento.

Por qué La Palma, La Gomera y El Hierro piden un trato distinto

El diputado defiende que cualquier decreto debe ser especialmente sensible con las Islas Verdes, donde la mayor parte de la oferta de alquiler vacacional se concentra en viviendas unifamiliares aisladas, una realidad muy distinta a la de otras islas del archipiélago. Es el mismo argumento que sostenía este periódico al analizar cómo La Gomera, La Palma y El Hierro dependen de un modelo turístico disperso que la normativa general no siempre contempla.

La sombra del volcán, otra vez presente

Felipe recuerda que la normativa autonómica sobre la reconstrucción tras la erupción de 2021 reconoce expresamente el derecho a levantar de nuevo edificaciones de uso residencial —incluida la vivienda vacacional— destruidas por las coladas, siempre que estuvieran en situación legal o asimilada a la legalidad. La legislación para la recuperación del Valle de Aridane recoge, en la misma línea, la recuperación de los usos turísticos preexistentes.

«No tendría sentido que Canarias reconociera el derecho de las familias afectadas por el volcán a reconstruir sus viviendas, incluidas aquellas destinadas a vivienda vacacional, y al mismo tiempo generara una inseguridad jurídica que impidiera desarrollar esa actividad, algo esencial para la recuperación de la isla y su modelo alojativo», defiende el diputado.

Un debate que no es nuevo en la isla

La discusión sobre qué hacer con el alquiler vacacional lleva tiempo abierta en La Palma y no siempre con la misma prioridad: mientras Coalición Canaria pide ahora blindar la actividad turística de los propietarios, el PP del Cabildo reclamaba en su día centrar el esfuerzo en los pisos para residentes, en plena crisis de acceso a la vivienda en la isla. Dos lecturas distintas de un mismo problema: qué hacer con el parque de viviendas de una isla que necesita camas turísticas para su economía y techo para su gente.

Fuente: Coalición Canaria, oficina de prensa de Jonathan Felipe.