El colectivo Centinela alerta sobre la solicitud de más de 60 villas turísticas en suelo rústico, promovidas en su mayoría por inversores extranjeros, lo que tensiona los precios del suelo, el agua y la vivienda. Ponen como ejemplo un proyecto de 16 villas con piscina y jacuzzis camuflado con una explotación agraria.
LA PALMA – El colectivo Centinela-Ecologistas en Acción ha denunciado públicamente los «efectos perversos» que, a su juicio, está provocando la «Ley de Islas Verdes» en municipios como Tijarafe, donde se ha convertido en un motor para un modelo de «negocio ajeno, depredador de recursos» y especulativo.
Según el colectivo, la ley, que amplió la posibilidad de construir alojamientos turísticos en suelo rústico, ha provocado una avalancha de licencias en Tijarafe, con más de 60 villas turísticas solicitadas en los últimos años, casi todas con piscina. Advierten que la gran mayoría de los promotores son inversores extranjeros o empresas de fuera de La Palma, por lo que «los beneficios de la explotación se canalizan mayoritariamente fuera de la isla».
Este fenómeno, señalan, tiene un impacto directo en la población local, generando una fuerte tensión por el aumento de los precios del suelo, del agua y de la vivienda, sin que el aumento de la actividad en la construcción lo compense.
Un proyecto de 16 villas como ejemplo
Centinela pone como ejemplo un proyecto actualmente en exposición pública que plantea la construcción de 16 villas turísticas prefabricadas, una gran piscina comunitaria y 20 jacuzzis en suelo rústico de protección agraria en la zona de El Jesús.
Denuncian que, para cumplir con la ley, el proyecto presenta una «impostada explotación agraria» de olivos cuya viabilidad es dudosa, ya que no contempla una almazara para la transformación de la aceituna. Critican también que la adquisición de acciones de agua por parte del promotor «supone una competencia directa con las demandas de agua de la agricultura real».
Para los ecologistas, la realidad actual contradice el espíritu original de la norma, que buscaba complementar la actividad agrícola. En la práctica, afirman, se están levantando «auténticas urbanizaciones» en suelo rústico protegido con el apoyo de las administraciones.
