El Ayuntamiento de El Paso se enfrenta a un complejo escenario jurídico con al menos once procedimientos judiciales abiertos que podrían tener repercusiones directas en las arcas municipales. Nayra Castro, portavoz del Partido Popular en el municipio, ha denunciado la falta de transparencia del grupo de gobierno al no facilitar por escrito la información detallada sobre estas causas, dificultando el control sobre el impacto económico que estos procesos supondrán para los vecinos.
Redacción El Faro de La Palma | 23 de abril de 2026
La controversia sobre la gestión judicial del consistorio pasense se remonta al pleno del pasado mes de enero. En aquella sesión, el grupo Popular solicitó formalmente un informe detallado sobre el número de demandas, sus causas y las posibles consecuencias para el municipio. A pesar de que el grupo de gobierno se comprometió a entregar dicha información por escrito, los populares aseguran que los datos no se ofrecieron de manera parcial hasta el pleno de marzo, y únicamente de forma verbal por parte del alcalde.
Según la información trasladada en la última sesión plenaria, el Ayuntamiento de El Paso está inmerso en un total de once causas judiciales activas. Cuatro de ellas corresponden a procedimientos laborales de contenido no especificado, mientras que las siete restantes son contenciosos administrativos de diversa índole y calado social.
Entre los asuntos que se encuentran en los tribunales destacan casos de gran relevancia para el municipio, como el relativo al Terrero de Lucha de Las Manchas, conflictos por linderos y dos procedimientos vinculados a la empresa Áridos El Riachuelo. Asimismo, el Ayuntamiento afronta una demanda presentada por la Plataforma La Graja y otros afectados, además de un procedimiento dirigido contra varias administraciones para dirimir responsabilidades derivadas de la erupción volcánica.
Desde el Partido Popular consideran «inaceptable» que una información que afecta directamente al futuro financiero de la localidad no se traslade con total claridad y rigor administrativo. Nayra Castro insiste en que ocultar o demorar la entrega de estos expedientes impide conocer la previsión de resolución y los costes legales que el Ayuntamiento tendrá que asumir, lo que vulnera los principios de transparencia y responsabilidad institucional.
Ante esta situación, la oposición exige al grupo de gobierno que abandone la opacidad y entregue de inmediato toda la documentación sobre el estado actual de los procedimientos, los posibles costes de las sentencias y cómo se planea afrontar estas responsabilidades sin perjudicar los servicios públicos de El Paso.
