Los socialistas presentarán una moción tras conocer que la empresa pública planea vender las casas por precios de 109.000 a 140.000 euros, descartando la opción del alquiler.
REDACCIÓN. EL FARO DE LA PALMA, 11 de noviembre de 2025
BREÑA BAJA. El Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Breña Baja llevará al próximo pleno municipal una moción para instar al Gobierno de Canarias y a la empresa pública Visocan a que revoquen la decisión de poner a la venta las viviendas de Finca Amado y, en su lugar, destinen un «importante porcentaje» de estas casas a alquiler social.
La propuesta surge, según explican los socialistas, tras conocerse que Visocan pretende vender las viviendas por precios que oscilan entre los 109.000 y 140.000 euros, descartando la posibilidad de ofrecer parte de ellas en régimen de alquiler, «tal como se había anunciado inicialmente».
La portavoz socialista en el consistorio, Ana García, considera que esta decisión «abandona a las familias que más lo necesitan y agrava el problema habitacional en La Palma».
«Existen muchas personas en situación de exclusión residencial que podrían acceder a un alquiler, pero no a una compra. Visocan no puede comportarse como una promotora privada. Su función es garantizar vivienda pública asequible», subrayó García.
La edil recordó que la consejera insular Susana Machín ya denunció esta situación en el pleno del Cabildo, donde reclamó abrir una vía de negociación con Visocan para revertir la medida.
La moción del PSOE de Breña Baja propone que una parte significativa de las viviendas se destinen al alquiler social, en coordinación con los servicios sociales, y que el Gobierno elabore un plan específico de ampliación del parque público de vivienda en la isla.
García advirtió que, aunque la venta permitiría a Visocan recuperar la inversión inicial (estimada en 3,1 millones de euros), sería un «error estratégico». «Venderlas implica perder capacidad de respuesta futura ante la emergencia habitacional en La Palma, y eso es lo último que necesita esta isla tras la crisis volcánica», sentenció.
La portavoz concluyó citando el Informe FOESSA–Cáritas 2025, que indica que más del 33% de los hogares canarios están en exclusión social. «En este contexto, cada vivienda pública cuenta. No podemos permitir que un recurso público se privatice», finalizó.
