El presidente del Cabildo de La Palma defiende que la crisis internacional y el sobrecoste del combustible hacen «imperativo» que los recursos bloqueados por las reglas fiscales lleguen directamente a la calle y a las nóminas de los palmeros.
Por Sergio Rodriguez Fernández
En el complejo tablero de la política actual, los acuerdos no deben medirse por el ruido que generan, sino por el alivio real que suponen para el bolsillo de la ciudadanía. El reciente entendimiento entre el Gobierno de Canarias y el Estado para activar medidas anticrisis frente al impacto de la inestabilidad en Oriente Medio es, sin duda, un paso en la dirección correcta. Representa un ejemplo de «política útil» y colaboración institucional. Sin embargo, para una isla como La Palma, este avance, aunque positivo, es insuficiente si no se acompaña de una valentía administrativa mayor por parte del Gobierno de España.
Reconocer el valor de este acuerdo, que moviliza una compensación inicial de 15 millones de euros, es de justicia. Pero esa misma sensibilidad es la que hoy echamos en falta en un asunto que es vital para nuestra supervivencia económica, como es la liberación definitiva de las reglas fiscales.
Desde el Cabildo de La Palma volvemos a exigir la exceptuación del cumplimiento de estas reglas. Si antes esta flexibilidad era necesaria por la reconstrucción tras el volcán, el actual contexto de crisis internacional lo hace ahora «imperativo». No tiene sentido pedagógico ni económico mantener ahorros bloqueados en el banco mientras las familias sufren una inflación galopante. Esos recursos nos pertenecen y deben estar en la calle, aliviando la situación de nuestra gente.
Esta asfixia financiera se ve agravada por una realidad que el Estado parece ignorar. La Palma no está en la misma situación que el resto de las islas. Arrastramos un déficit de financiación histórico y un sobrecoste del combustible que asfixia a nuestras familias y empresas. Por ello, para generar un verdadero «ecosistema de resistencia», hemos fijado como prioridad política irrenunciable la aplicación efectiva y mensual de la deducción del 60% del IRPF.
Tras reunirme con los sectores económicos de la Isla, la demanda es unánime: este alivio fiscal debe dejar de ser una bonificación anual para convertirse en un ingreso directo, nómina a nómina, en el bolsillo de los palmeros. No podemos esperar a la declaración de la renta cuando la cesta de la compra y el combustible suben cada semana. Esta medida ha dejado de ser una opción fiscal para convertirse en una «necesidad de supervivencia».
La cohesión territorial no se logra sólo con medidas generales, sino entendiendo las singularidades de las Islas Verdes. Exigimos reforzar las bonificaciones al combustible de forma específica y articular ayudas directas para nuestro sector primario, el transporte y el pequeño comercio local.
La Palma no puede esperar más por una burocracia que congela recursos mientras el coste de la vida se dispara. Necesitamos que el Estado entienda nuestras singularidades fiscales y territoriales, permitiendo que nuestra autonomía financiera se convierta en la herramienta para protegernos frente a este envite internacional. Es hora de que el Estado cumpla con La Palma.
