Redacción El Faro de La Palma · 29 de agosto de 2026

Al menos seis «compensaciones» del Gobierno canario por la erupción del Tajogaite superan los 800.000 euros, y más de 70 se sitúan entre 300.000 y 800.000 euros. Son cifras que constan en el Boletín Oficial de Canarias, pero sin el nombre de quien las recibe: la identidad de los beneficiarios de estas ayudas se mantiene confidencial, una decisión que la Asociación Tierra Bonita considera injustificada y que ya se dirime en los tribunales.

Un asunto ya judicializado

El Gobierno canario recurrió el requerimiento del Comisionado de Transparencia de Canarias para hacer pública esta información, después de que este organismo respaldara la petición de conocer la identidad de los perceptores. A ese recurso se suma otro distinto, presentado por la oposición parlamentaria, contra la negativa del Ejecutivo regional a facilitarle estos mismos datos. Según recuerda Tierra Bonita, un informe del Servicio Jurídico del Parlamento de Canarias concluyó que no se trata de un dato especialmente protegido que justifique el secreto, y que negarlo vulnera derechos fundamentales de los diputados; el PSOE ha anunciado en los últimos días un recurso contencioso-administrativo para poder consultar el listado, aunque sin pedir su publicación.

Lo que dice la asociación, lo que alega el Gobierno

Tierra Bonita no cuestiona el fondo de estas ayudas —considera que recuperar el proyecto de vida perdido es una reivindicación básica de los damnificados—, sino la decisión de mantener en secreto quién las recibe. El Gobierno canario, por su parte, alega que conocer el importe de la ayuda permitiría deducir la situación económica previa del beneficiario a la erupción. La asociación recuerda además que el artículo de la Ley 5/2025, de Volcanes de Canarias, que blinda esta confidencialidad no figuraba en el texto original de la iniciativa legislativa popular impulsada por los propios afectados, que reunió cerca de 19.000 firmas, y apunta a una diferencia de trato: en el caso de las empresas beneficiarias, sus nombres sí se hacen públicos.

«La transparencia es la mejor garantía contra la arbitrariedad»

La asociación sostiene que dotar de máxima transparencia al proceso de reconstrucción «constituye una obligación ética con toda la sociedad», ya que los fondos proceden de las arcas públicas. Recuerda también que Tierra Bonita mantiene un litigio judicial aparte contra el Gobierno canario para reclamar la difusión de las actas y grabaciones del PEVOLCA anteriores a la erupción de 2021, y que la falta de transparencia, a su juicio, no se limita a estas ayudas ni al PEVOLCA, sino que también afecta a los expedientes de las obras públicas de la reconstrucción. Tierra Bonita matiza, en cualquier caso, que no cuestiona el fondo del proceso: «Si todo se ha hecho bien con estas ayudas, nadie tiene nada que temer», aunque insiste en que poder fiscalizarlas «siempre es necesario».

Fuente: nota de prensa de la Asociación Tierra Bonita, 29 de agosto de 2026.