El Cabildo de La Palma rechaza la gestión de Aena y advierte que el paro en las torres privatizadas supone un impacto inasumible para la economía y la conectividad insular.
Redacción. El Faro de La Palma, 8 de abril de 2026.
El presidente del Cabildo de La Palma, Sergio Rodríguez, ha expresado un rechazo contundente hacia la gestión que Aena está realizando del conflicto en el control aéreo. La alarma ha crecido tras el preaviso de huelga programado para el próximo 17 de abril, una medida que la institución insular califica como una amenaza directa a la estabilidad de la isla.
Rodríguez advirtió que La Palma no puede permitir circunstancias que comprometan su economía ni la movilidad de las personas, especialmente tras los esfuerzos realizados para atraer nuevas operativas internacionales y recuperar la conectividad tras la crisis volcánica. Según el presidente, un bloqueo del espacio aéreo en estas fechas supondría un retroceso inasumible para el desarrollo insular.
Crítica al modelo de gestión privatizada
Desde el Cabildo se señala directamente al modelo de gestión de las torres privatizadas como el origen de una precariedad que ya ha afectado a otras islas. Sergio Rodríguez calificó de «inadmisible» que la conectividad dependa de una gestión incapaz de cubrir las necesidades básicas de personal, recordando que este déficit ya ha obligado a reducir horarios operativos en aeropuertos como el de El Hierro.
«Rechazamos de plano que el control aéreo sea el cuello de botella de nuestro desarrollo», sentenció el presidente, subrayando que la movilidad es un derecho básico de los residentes y un pilar estratégico para un sector turístico que actualmente muestra cifras de crecimiento positivas.
Llamamiento urgente a la intervención estatal
Ante la inminencia del paro del 17 de abril, la institución insular ha hecho un llamamiento urgente a Aena para que intervenga de inmediato. La exigencia es clara: resolver el déficit de controladores en la torre de La Palma y garantizar la operatividad total del aeropuerto.
El objetivo es evitar que los ciudadanos y las empresas turísticas paguen las consecuencias de un modelo que, a juicio del Cabildo, antepone la rentabilidad al servicio esencial. Rodríguez insistió en que el Estado debe actuar ya para revertir esta situación de precariedad en las infraestructuras que lastran el futuro de la isla.
