El Cabildo exige que la deducción del 60% se aplique de forma mensual y no anual, permitiendo a los residentes combatir el alza de precios en el combustible y la alimentación tras la crisis en Oriente Medio.
Redacción. El Faro de La Palma, 8 de abril de 2026.
El Cabildo de La Palma ha fijado como una prioridad política irrenunciable la aplicación efectiva y mensual de la deducción del 60% del IRPF para los residentes en la Isla. Tras un encuentro con los principales sectores económicos del tejido productivo insular, el presidente, Sergio Rodríguez, ha vuelto a exigir al Gobierno de España que este alivio fiscal se traduzca en un ingreso directo en el bolsillo de los ciudadanos mes a mes, en lugar de ser una bonificación que se percibe de forma anual tras la declaración de la renta.
Rodríguez sostiene que la medida ha dejado de ser una opción técnica para convertirse en una «necesidad de supervivencia» ante el actual escenario económico. Con la cesta de la compra y el combustible subiendo de forma semanal, el presidente insular advirtió que «las familias necesitan ese dinero hoy para afrontar el coste de la vida» y que no se puede demorar un alivio que es de justicia para la Isla.
Un ecosistema de resistencia frente a la crisis internacional
La demanda surge de forma unánime tras analizar el impacto del conflicto en Oriente Medio, que golpea una estructura económica insular ya debilitada. El objetivo es que los trabajadores perciban el beneficio de forma inmediata en sus nóminas, inyectando la liquidez necesaria para dinamizar el mercado interno palmero.
Durante el encuentro, el presidente denunció la «falta de sensibilidad» del Estado hacia la realidad singular de La Palma. Además de la aplicación mensual del IRPF, la institución insular reclama:
- La liquidación de deudas estatales históricas que generan un déficit de financiación en la Isla.
- La flexibilización de las reglas fiscales para poder emplear los recursos propios del Cabildo en ayudas directas a la ciudadanía.
- Un reconocimiento explícito de que La Palma requiere un trato diferenciado al resto del archipiélago por sus circunstancias actuales.
La institución insular ha otorgado un plazo de pocos días a los sectores económicos para unificar todas las propuestas en un documento de exigencias firme que será remitido de inmediato a las administraciones competentes.
