Redacción El Faro de La Palma · 22 de julio de 2026

Casi tres años después de la erupción del Tajogaite, el Centro Nacional de Vulcanología prometido a La Palma sigue sin sede decidida y sin convenio firmado entre el Gobierno de Canarias y el Estado. Y en el Parlamento canario, cada debate sobre el proyecto acaba en el mismo cruce de reproches. Este miércoles le tocó al PSOE, que pidió al Ejecutivo autonómico abandonar la confrontación con Madrid y sentarse a cerrar de una vez el acuerdo.

Un proyecto que nació con el volcán, no con este Gobierno

La diputada palmera Alicia Vanoostende recordó que el Centro no es una idea de esta legislatura: se empezó a impulsar tras la erupción de 2021, durante el Gobierno del Pacto de las Flores. Fruto de ese trabajo, los Presupuestos Generales del Estado de 2023 ya autorizaron su creación como centro nacional de investigación. Es decir, cuando el actual Ejecutivo de Coalición Canaria tomó posesión en 2023, el Centro ya existía jurídicamente y lo único que quedaba por hacer era negociar el convenio para ponerlo en marcha.

Ese matiz no es menor: buena parte del choque político de los últimos meses se ha librado sobre quién es responsable del retraso, y el PSOE quiso dejar constancia de que el marco legal llevaba ya tres años sobre la mesa antes de que empezaran las acusaciones cruzadas entre Canarias y el Gobierno de España.

Investigación, no gestión de emergencias

Vanoostende insistió en qué es (y qué no es) el Centro por ley: un organismo para impulsar la investigación científica y tecnológica en vulcanología, que genere conocimiento útil para mejorar la gestión del riesgo volcánico y la cooperación científica. En ningún caso, subrayó, puede interpretarse que el Centro deba asumir las competencias que hoy tienen el Instituto Geográfico Nacional, Protección Civil o los organismos responsables de la gestión de emergencias.

Tres frentes abiertos: financiación, competencias y sede

La parlamentaria socialista negó además que se haya recortado la financiación del proyecto: la distribución plurianual de los fondos, dijo, responde a un reparto acordado entre ambas administraciones y pedido por el propio Gobierno de Canarias, no a una reducción impuesta desde Madrid. También recordó que el Ejecutivo autonómico tardó más de tres meses en responder al borrador de convenio que le remitió el Ministerio.

Al reparto de responsabilidades se suma un tercer frente, menos citado pero igual de decisivo: casi tres años después de que arrancara la iniciativa, el Cabildo de La Palma todavía no ha consolidado una propuesta definitiva sobre dónde debe ubicarse la sede del Centro, con distintas alternativas planteadas a lo largo del proceso. El Faro ya recogió en junio cómo el propio PSOE de El Paso reclamaba cuentas por el millón de euros gastado en los terrenos de Tacande sin que la ubicación estuviera cerrada, y cómo el senador Kilian Sánchez pedía en julio firmar «ya» el convenio para no seguir aislando a la isla en el debate.

El Grupo Socialista presentó enmiendas para dejar constancia expresa de que no ha habido ni recorte de la financiación prevista ni modificación de las competencias legales del Centro. Con ellas, buscan cerrar la discusión técnica para que la política deje de usar el proyecto como arma arrojadiza.

Fuente: PSOE de La Palma