El incremento del 11,1% de la planta judicial en las islas supera en un solo año a todas las plazas creadas durante la última década.
REDACCIÓN. EL FARO DE LA PALMA, 26 de enero de 2026.
CANARIAS – El sistema judicial de Canarias se prepara para la mayor transformación de su historia reciente. El Gobierno ha anunciado la creación de 33 nuevas plazas de jueces en el archipiélago para el año 2026, una cifra récord que supone incrementar la planta judicial en un 11,1% en apenas doce meses. Para calibrar la magnitud de la medida, basta señalar que en un solo año se crearán más plazas que en toda la última década, donde el saldo total fue de 32 unidades.
Esta ampliación masiva responde a la necesidad de acabar con el colapso en los juzgados y es fruto de la nueva Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia. El objetivo central es convertir la Justicia en un servicio más ágil, eficiente y, sobre todo, cercano a una ciudadanía que a menudo sufre las consecuencias de la lentitud en los procedimientos.
Un modelo más barato y eficiente
La clave de este despliegue reside en un cambio de estructura: los antiguos juzgados unipersonales dan paso a los denominados tribunales de instancia. Este modelo permite que varios jueces compartan una única Oficina Judicial de apoyo técnico, lo que reduce drásticamente los costes. Mientras que crear un juzgado tradicional costaba unos 500.000 euros, incorporar una plaza en un tribunal de instancia apenas requiere una inversión de 100.000 euros.
De las 33 plazas destinadas a Canarias, la distribución se realizará de la siguiente manera para reforzar los órganos que dan cobertura a las islas:
- 24 plazas para tribunales de instancia (reforzando puntos críticos como Las Palmas, Telde, Arrecife o Arucas).
- 6 plazas para las audiencias provinciales.
- 3 plazas para el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Santa Cruz de Tenerife.
Criterios de población y litigiosidad
El Ministerio de la Presidencia y Justicia ha diseñado este reparto basándose en criterios objetivos como el volumen de población y los informes de carga de trabajo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Canarias, junto a territorios como Andalucía, Madrid o Cataluña, se sitúa entre las prioridades debido a sus índices de litigiosidad.
Además de estos 33 jueces, el plan gubernamental a medio plazo prevé la convocatoria de hasta 2.500 plazas de jueces y fiscales en tres años a nivel nacional, lo que supondría un incremento del 42,5% en los recursos humanos disponibles para velar por los derechos de los ciudadanos.
