La Asociación Social Volcán Cumbre Vieja valora la «implicación personal» del ministro para desbloquear los 100 millones agrarios, pero sube la apuesta: reclaman exención fiscal total y el pago de las segundas viviendas para evitar el desarraigo.
REDACCIÓN. EL FARO DE LA PALMA, 26 de noviembre de 2025.
LOS LLANOS DE ARIDANE. La aprobación del decreto de los 100 millones para el campo ha traído calma, pero no silencio. La Asociación Social Volcán Cumbre Vieja ha emitido un comunicado en el que combina el agradecimiento institucional con nuevas exigencias económicas. El colectivo se «congratula» por el desbloqueo de las ayudas agrarias, pero pone sobre la mesa una reivindicación fiscal clave: elevar la bonificación del IRPF del 60% actual al 100% para aquellas familias que tienen sus propiedades sepultadas bajo la lava.
El «factor Torres» y el mensaje al PP La asociación ha querido personalizar el éxito del decreto agrario en la figura de Ángel Víctor Torres. Consideran «justo hacer un reconocimiento público» al ministro, destacando que su «implicación personal y política» ha sido determinante en Madrid. «Torres ha entendido las peticiones porque vivió la emergencia en primera línea», señalan, agradeciendo que haya arrojado «luz al final del túnel» para los agricultores del Valle.
Mirando al futuro inmediato, el colectivo lanza un guante al Partido Popular (PP). Confían en que la convalidación del decreto en el Congreso cuente con el apoyo de la oposición, recordando a los populares que ellos «también conocen de primera mano las necesidades» al haber cogobernado en el Cabildo y en Los Llanos durante la crisis.
Presión al Gobierno canario y segundas viviendas Con el dinero asegurado por el Estado, la asociación emplaza ahora al Gobierno de Canarias a la agilidad administrativa. Exigen que el reparto de los 100 millones se haga «sin mayor dilación ni trabas burocráticas».
Finalmente, el colectivo reabre el melón de las segundas viviendas. Reclaman que se abonen las indemnizaciones pendientes a quienes perdieron estas propiedades, argumentando que muchas familias «no quieren desarraigarse del Valle de Aridane» y que el pago de estos bienes es fundamental para que puedan seguir contribuyendo a la economía local.
