La Asociación Agua para La Palma ha presentado un escrito ante el Consejo Insular de Aguas de La Palma (CIALP) en el que reclama la revisión de oficio y la nulidad del acuerdo por el que el organismo autorizó la compra directa de los pozos abandonados Herradura I y II, en el nordeste de la isla, por 1.203.000 euros. A esta cifra hay que añadir otros 3.277.240 euros de gasto público adicional para volver a ponerlos en funcionamiento, lo que eleva el coste total a 4,4 millones de euros.
El colectivo ciudadano alega varias irregularidades en el procedimiento y advierte de que, tal y como está redactado el expediente, el CIALP «se ha limitado a adquirir terrenos y su servidumbre, con dos agujeros dentro», sin que en ningún punto del expediente conste con claridad que también se compre el agua.
Sin garantía de que el agua esté incluida en la compra
«Si el CIALP entiende que con la venta del terreno se vende el agua, ¿dónde está la explicación jurídica de ello?», plantea Agua para La Palma en su escrito. La asociación recuerda que en el Registro de la Propiedad no figura mencionada el agua ni se detallan los pozos y galerías con sus dimensiones y características técnicas, ni la maquinaria, las instalaciones, los depósitos o los sistemas de distribución.
El colectivo subraya además que el Consejo optó por una compraventa directa sin justificar adecuadamente esta vía: no se publicaron pliegos con las condiciones, no se dio publicidad al procedimiento y, según la asociación, tampoco se cumplió la obligación legal de comprobar la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones para contratar con la Administración por parte del vendedor.
Aumento del 9% en el precio sin nueva autorización
Otro de los frentes en los que pivota la impugnación es la fijación irregular del precio. La valoración inicial del expediente, realizada por la ingeniera de minas Miryam Machado, fijaba el coste en 1,1 millones de euros. Posteriormente, un informe del ingeniero técnico agrícola del CIALP, Francisco Martín, lo elevó hasta los 1,2 millones para aceptar una contraoferta de la comunidad de aguas vendedora.
Para la asociación, ese incremento cercano al 9% no fue acompañado de una nueva autorización de gasto. Tampoco existe, recuerdan, autorización específica para la inversión adicional de 3,2 millones que el Consejo planea destinar a poner los pozos en marcha.
El interventor levantó el reparo sin la documentación necesaria
El escrito pone también el foco en la actuación del interventor delegado, que formuló reparo al expediente al no disponer del documento contable necesario para fiscalizar el gasto. Según Agua para La Palma, ese reparo se levantó sin que se entregara a la Intervención la documentación que necesitaba para cumplir su función de velar por la legalidad contable.
El Gobierno de Canarias ya desaconsejó la compra por salinización
La asociación recuerda un antecedente clave: antes de quedar abandonados, los pozos fueron ofertados a la Comunidad de Riego de Los Sauces, que pidió asesoramiento a la Dirección General de Aguas del Gobierno de Canarias. Aquel informe fue desfavorable. La inspección detectó salinización en el agua y desaconsejó la adquisición.
El propio Carlos Cabrera, cuando fue consejero de aguas del Cabildo, llegó a manifestar que en el CIALP le habían comentado que el pozo de Herradura I «no valía la pena comprarlo porque estaba salinizado», recuerda Agua para La Palma.
«Una compra a ciegas»
La asociación califica de «inaudito» que se gaste dinero público en adquirir estas propiedades «sin saber qué cantidad de agua puede sacar y de qué calidad». Para conocer ese dato, sostienen, tendría que haberse realizado un ensayo de bombeo, «pero no lo hay en el expediente».
«La previsión de caudal en realidad se basa exclusivamente en la bomba que tienen instalados estos pozos, pero eso no quiere decir que realmente se pueda extraer y mantener ese volumen de agua, bien porque uno de los pozos se seque o bien porque el otro esté salinizado», advierte el colectivo.
En estas circunstancias, Agua para La Palma anuncia que se reserva el derecho de emprender acciones judiciales en caso de que el CIALP rechace dar marcha atrás a la compra.
