Redacción El Faro de La Palma · 22 de octubre de 2026

Cinco años después de que el Tajogaite empezara a expulsar lava, la pregunta sigue siendo la misma para muchos damnificados: ¿por qué unos cobraron antes que otros y con qué criterio? La Asociación Social Volcán Cumbre Vieja ha hecho pública una nota en la que denuncia «agravios comparativos» en el pago de las compensaciones económicas por el patrimonio perdido en la erupción.

Pagar tarde sale más caro

El colectivo sostiene que las diferencias en las fechas de cobro de un mismo tipo de compensación han generado una desigualdad real para rehacer la vida de cada familia: quien recibió el dinero más tarde se ha encontrado con precios de vivienda y de suelo más altos, en una isla con oferta limitada que la propia catástrofe tensionó todavía más. En su momento propusieron repartir cada remesa de fondos públicos de forma proporcional entre todos los damnificados, de modo que cada familia cobrara un porcentaje de lo que le correspondía con cada partida sucesiva. La propuesta no fue atendida.

Zonas de exclusión y protección ambiental, sin resolver

La asociación pide también garantías para quienes no pueden recuperar el uso de sus parcelas por restricciones de riesgo volcánico o por protección ambiental, un asunto que vuelve a estar sobre la mesa desde que el Gobierno de Canarias sometiera en marzo a información pública el anteproyecto de ampliación del Parque Natural de Cumbre Vieja sobre el cono del Tajogaite y los dos deltas formados por la erupción. El colectivo denuncia además ayudas todavía sin abonar por fincas, charcas, cuartos de aperos y bodegas, y considera insuficiente el apoyo a los negocios sepultados por la lava frente al recibido por las actividades solo paralizadas por los gases.

La pelea por los nombres de los beneficiarios

En cuanto a transparencia, la asociación reclama conocer los criterios que decidieron el orden de los pagos. El asunto conecta con otra batalla ya judicializada: el Comisionado de Transparencia de Canarias ha requerido publicar la identidad de quienes han recibido las compensaciones del Gobierno canario por el valor de las construcciones perdidas, mientras que el Ejecutivo autonómico se opone invocando la protección de datos de la Ley de Volcanes. Serán los tribunales los que decidan si esos nombres se hacen públicos.

Un consejo que nunca se ha reunido

El colectivo exige también que se convoque por fin el Consejo para la Recuperación Económica y Social de La Palma, el órgano de diálogo, información y consulta con los afectados previsto en la Ley 2/2024 y que, según la asociación, no se ha reunido ni una sola vez desde entonces.

No es la primera vez que este reclamo llega a la isla: el Faro ya recogió en enero una denuncia similar de los afectados, que entonces pedían evitar que se consolidaran víctimas «de primera y de segunda» (puedes leer aquí esa pieza). Nueve meses después, la reivindicación sigue abierta y suma ahora la falta de transparencia y la inactividad del consejo de participación.

Fuente: Asociación Social Volcán Cumbre Vieja.