El Parlamento da luz verde a la norma que prohíbe los «pseudohoteles» de grandes tenedores y saca a las VPO del mercado, pero garantiza la actividad a los pequeños propietarios que ya cumplen la ley.
REDACCIÓN. EL FARO DE LA PALMA, 12 de noviembre de 2025
CANARIAS. El Pleno del Parlamento de Canarias ha aprobado este miércoles, 12 de noviembre, la Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas. Es la primera ley, tras diez años de un decreto ambiguo, que regulará el fenómeno de la vivienda vacacional (VV) en las islas.
La consejera de Turismo, Jéssica de León, defendió la norma como el inicio de una nueva etapa de «orden, mesura y equilibrio» para «equilibrar el derecho a la vivienda de los 2,2 millones de canarios con una actividad económica que ha llegado para quedarse».
El director general de Ordenación Turística, Miguel Ángel Rodríguez, fue más directo, asegurando que la ley «pone freno a la gentrificación y a la turistificación, que expulsa a los residentes y erosiona el pequeño comercio».
La ley, que entrará en vigor mañana tras su publicación en el BOC, introduce cambios drásticos en el sector.
Las claves de la nueva ley: Moratoria y el tope del 10%
La norma establece dos topes fundamentales. El primero, una moratoria: no se podrán establecer nuevas viviendas vacacionales durante un periodo de cinco años, o al menos hasta que los ayuntamientos adapten su planeamiento municipal para habilitarlas expresamente.
El segundo, y más contundente, es la «regla del 90/10». Con la nueva legislación, se establece que el 90% de las viviendas deberán destinarse a uso residencial, mientras que solo el 10% podrán ser de uso vacacional.
Prohibición de «Pseudohoteles» y VPO
La ley ataca directamente los modelos de negocio que más han tensionado el mercado. Quedan prohibidas las Viviendas de Protección Oficial (VPO) para uso turístico.
Además, se prohíben los llamados «pseudohoteles»: edificios completos donde todas las viviendas son vacacionales y pertenecen a un único gran tenedor.
Para frenar la especulación, la norma también establece que las viviendas de nueva construcción no podrán destinarse al uso turístico hasta que hayan transcurrido diez años desde su construcción, garantizando así el destino residencial para el que fueron concebidas.
¿Qué pasa con los propietarios actuales?
Tanto la consejera como el director general quisieron enviar un mensaje de «tranquilidad» a los pequeños propietarios. El articulado establece que aquellos que ya cumplen con el decreto vigente (el de 2015) podrán continuar desarrollando su actividad «con normalidad» y «plena seguridad jurídica».
Eso sí, hicieron un «llamamiento» a todos los propietarios de VV para que presenten la «actividad clasificada» en sus ayuntamientos, un trámite que consideran «necesario» y «asumible» para reforzar la transparencia del sector.
El Gobierno justifica esta regulación en los datos: en Canarias, solo el 44,6% de las VV están en manos de personas físicas. El 55,3% de las viviendas (y el 55,5% de las plazas) son gestionadas por entidades o propietarios extranjeros, no por pequeños propietarios locales.
