El Gobierno regional eleva el umbral de la franquicia del IGIC para reducir las cargas burocráticas a unos 11.000 profesionales y favorecer el emprendimiento.
REDACCIÓN. EL FARO DE LA PALMA, 18 DE MARZO DE 2026.
El vicepresidente del Gobierno de Canarias y consejero de Economía, Manuel Domínguez, ha anunciado este miércoles una medida de calado para el tejido productivo de las islas. El Ejecutivo regional elevará el umbral de la franquicia del IGIC para pequeños empresarios y profesionales hasta los 50.000 euros de volumen anual de operaciones.
Esta decisión busca «aliviar cargas fiscales y burocráticas y respaldar a los autónomos con menor dimensión económica», permitiendo que hasta 11.000 trabajadores en el archipiélago se vean beneficiados por una gestión mucho más sencilla de sus obligaciones tributarias.
Simplificación administrativa y ahorro de tiempo El Régimen Especial del Pequeño Empresario o Profesional (REPEP) permitirá a los autónomos que no superen este nuevo límite de 50.000 euros acogerse voluntariamente a un sistema que revoluciona su día a día:
- Sin IGIC en facturas: Los profesionales no tendrán que repercutir el impuesto en sus facturas de venta.
- Declaración única: Se reduce drásticamente el papeleo, pasando de cinco declaraciones anuales a una sola declaración anual.
- Menos errores: Al eliminar las cuatro autoliquidaciones trimestrales, se minimiza la posibilidad de fallos formales y requerimientos de la Agencia Tributaria.
A cambio de esta simplificación, los autónomos que elijan este régimen no podrán deducir las cuotas de IGIC soportadas en sus compras de bienes o servicios.
Calendario de aplicación La medida sitúa a Canarias a la vanguardia de la simplificación fiscal, superando la media de la Unión Europea en este tipo de franquicias. Las fechas clave para los interesados son:
- 1 de julio de 2026: Entrada en vigor del nuevo umbral de 50.000 euros.
- 1 de enero de 2027: Inicio del sistema de declaración anual única, eliminando definitivamente el seguimiento trimestral.
Manuel Domínguez ha subrayado que esta acción es un acto de «justicia fiscal» que acompaña al Plan Respaldo Autónomo, diseñado para proteger al colectivo desde el inicio de su actividad hasta su consolidación, asegurando que «nadie tenga que renunciar a emprender por culpa de la burocracia».
