El Gobierno autonómico alerta en la Comisión de Islas (CRPM) que el mercado actual «expulsa» a la población local y advierte del peligro que corre la financiación de las RUP en el nuevo marco presupuestario de la UE.
REDACCIÓN. EL FARO DE LA PALMA, 20 de noviembre de 2025.
BARCELONA / CANARIAS. La emergencia habitacional que atraviesa el Archipiélago ha llegado este jueves al corazón del debate regional europeo. No se trata solo de precios, sino de supervivencia social. El Gobierno de Canarias, a través del viceconsejero del Gabinete de la Presidencia, Octavio Caraballo, ha exigido en Barcelona una intervención normativa directa de la Unión Europea que permita poner «límites» a la compra de propiedades por parte de extranjeros en las islas.
Durante la Asamblea General de la Conferencia de Regiones Periféricas y Marítimas (CRPM), Caraballo ha sido tajante: la falta de una «estrategia valiente» por parte de Bruselas está tensionando los precios hasta el punto de comprometer el derecho de los residentes a vivir en su propia tierra.
La vivienda como frontera social El diagnóstico presentado ante la Comisión de Islas es claro: la combinación de una elevada compra de inmuebles por no residentes y el auge del alquiler vacacional está reduciendo drásticamente la oferta residencial. El mensaje de Canarias a Europa es que esta dinámica «expulsa a la población local» y rompe la cohesión social.
«No podemos permitir que la distancia se convierta en desigualdad», afirmó Caraballo, quien solicitó que las Regiones Ultraperiféricas (RUP) tengan un papel decisivo en la futura Estrategia de Turismo Sostenible de la UE. El objetivo es blindar el acceso a un hogar digno frente a la presión del mercado turístico.
Alerta roja: 4.600 millones en el aire Más allá de la vivienda, la intervención sirvió para lanzar una advertencia crítica sobre el futuro financiero de las islas. Alineándose con la postura del presidente Fernando Clavijo, el viceconsejero criticó duramente el borrador del Marco Financiero Plurianual 2028-2034 propuesto por Ursula von der Leyen.
La intención de la Comisión Europea de centralizar los fondos pone en riesgo los 4.600 millones de euros que Canarias recibe en cada periodo. Caraballo advirtió que de nada sirve reconocer la insularidad sobre el papel si luego se recortan los fondos de cohesión que compensan esa lejanía. «La solidaridad europea no es negociable», sentenció.
Canarias como laboratorio, no como periferia Para cerrar su intervención, el Ejecutivo autonómico intentó cambiar la narrativa tradicional de las islas como meros receptores de ayudas. A través de iniciativas como Islas Responsables Lab, Canarias se ofrece como un «laboratorio de futuro» donde testar políticas de sostenibilidad que luego puedan exportarse al continente. «Europa será más fuerte si sus islas son fuertes», concluyó Caraballo.
