El cumplimiento de los plazos legales de pago se ha convertido en una asignatura pendiente para el Cabildo Insular y sus organismos dependientes. Según el análisis de los datos de 2024, el retraso sistemático en el abono de facturas —que en algunos casos llega a superar los 115 días— está obligando a autónomos y pequeñas empresas a financiar indirectamente a la administración. Ante esta situación, se reclama un plan de choque para que en 2026 la institución recupere la puntualidad y garantice la supervivencia de quienes sostienen la actividad económica insular.
REDACCIÓN. EL FARO DE LA PALMA, 12 DE MARZO DE 2026.
El consejero del Grupo Popular en el Cabildo de La Palma, Carlos Cabrera, ha analizado los datos de morosidad correspondientes al ejercicio 2024, calificando la situación de «preocupante». El informe revela que tanto la institución insular como entes clave —Sodepal, el Consorcio de Servicios y el Consejo de Aguas— han incumplido de forma reiterada el plazo legal de pago a proveedores.
⚖️ El conflicto: 60 días legales frente a 5 meses reales
La normativa establece un máximo de 60 días para completar el proceso (30 para contabilizar y 30 para pagar). Sin embargo, la realidad de 2024 muestra una dinámica muy distinta:
Cabrera destaca casos extremos donde facturas contabilizadas han tardado cerca de cinco meses en abonarse, e incluso ejemplos de servicios realizados en junio de 2025 que no se han cobrado hasta febrero de 2026.
🏗️ El impacto en el pequeño empresario
El núcleo de la queja reside en el perjuicio directo para los autónomos y pequeñas empresas. Estos profesionales no solo deben esperar por su remuneración, sino que a menudo ya han adelantado el pago de impuestos e incurrido en costes operativos. «No se puede trasladar a los pequeños empresarios la carga financiera de los retrasos de la administración», señala el consejero.
📈 Propuesta para el ejercicio 2026
Desde la oposición se insiste en que pagar a tiempo no es opcional, sino una responsabilidad con el tejido económico. El Grupo Popular propone:
- Adopción de medidas inmediatas para que en 2026 se cumplan estrictamente los 60 días legales.
- Gestión más ordenada de los recursos públicos para evitar «bolsas» de facturas pendientes.
- Evitar comparativas con el pasado: Se recuerda que en 2020 se cumplieron los plazos en los cuatro trimestres, lo que sitúa a 2024 como el año con peores registros de morosidad.
Pagar a los proveedores es, en definitiva, una forma de reinvertir en la isla y asegurar que las empresas que prestan servicios al Cabildo no vean comprometida su viabilidad por la lentitud de los despachos.
