La asociación Centinela-Ecologistas en Acción La Palma ha presentado alegaciones contra la modificación de la Autorización Ambiental Integrada del Complejo Ambiental Los Morenos. El colectivo denuncia que la creación de una nueva celda de vertido no solo vulnera la normativa europea, sino que supondrá un impacto paisajístico y ambiental irreversible para el Monumento Natural de Montaña de Azufre, rodeando este espacio protegido de escombros y acercando los malos olores a los núcleos poblacionales de Tirimaga, Tiguerorte y Tigalate.
REDACCIÓN. EL FARO DE LA PALMA, 6 DE MARZO DE 2026.
VILLA DE MAZO — El proyecto que actualmente tramita el Gobierno de Canarias prevé una excavación masiva de 783.000 metros cúbicos al oeste del complejo actual para permitir el vertido de residuos no reciclables durante unos 11 años más. Según Centinela, el material excavado se depositaría al norte del Monumento Natural de Montaña de Azufre, un espacio protegido por la Red Canaria y la Red Natura 2000, en una zona de alto valor paisajístico donde el Plan Insular prohíbe explícitamente esta actividad.
Un conflicto de salud social e historia
Además del deterioro ambiental, la asociación subraya el grave impacto social que supone acercar aún más el vertedero a los vecinos de Tirimaga, Tiguerorte y Tigalate, quienes ya sufren las emisiones de gases y olores.
Este proyecto revive un conflicto histórico en la Villa de Mazo. Hace 40 años, una manifestación masiva del pueblo defendió precisamente esta zona norte de la montaña frente a la intención inicial del Cabildo de instalar allí el vertedero insular. Para Centinela, este nuevo depósito de escombros —que aunque se denomine «temporal» duraría al menos 13 años— es una afrenta a la lucha social de la isla y una condena irreversible para el paisaje.
Crítica a la gestión: ¿Premisas ilegales?
La denuncia de los ecologistas pone el foco en el incumplimiento de la normativa española y europea (Ley 7/2022 y Directiva 2018/850). El proyecto se basa en mantener un ritmo de vertido de 2.200 metros cúbicos al mes, obviando la obligación legal de reducir los vertidos de forma progresiva hasta llegar al 10% en el año 2035.
- Derroche de fondos: Centinela señala que el proyecto propone gastar más de 2 millones de euros en un desmonte adicional de 155.000 metros cúbicos solo para ganar seis meses más de vida útil en la celda.
- Falta de inversión en orgánica: El colectivo argumenta que ese dinero debería invertirse en mejorar la recogida selectiva de materia orgánica, que actualmente representa más de la mitad de lo que se vierte en Los Morenos y es la causa principal de los olores y gases.
- Presupuestos insuficientes: Critican que tanto el Consorcio de Servicios como el Cabildo han destinado partidas «ridículas» para este asunto en sus presupuestos de 2026.
Finalmente, Centinela acusa al Gobierno de Canarias de utilizar «atajos» legales que acortan los plazos de tramitación, vulnerando los derechos de la ciudadanía y la seguridad jurídica a costa del rigor técnico.
