Redacción El Faro de La Palma · 21 de octubre de 2026

Cinco fincas de las llamadas Pinos de Tazacorte quedaron bajo las coladas en los últimos meses de 2021. Sus propietarias, dos sociedades vinculadas al empresario lanzaroteño Juan Francisco Rosa, reclamaron al Estado 2,4 millones de euros por los daños, alegando que las administraciones sabían desde años antes que el volcán se estaba gestando y no avisaron a tiempo a la población. El Consejo de Estado, en dos dictámenes aprobados por unanimidad el pasado mes de marzo y conocidos esta semana, se lo ha negado: la erupción fue un caso de fuerza mayor y el Instituto Geográfico Nacional sí cumplió con su deber de informar del riesgo.

Dos reclamaciones cruzadas por las mismas cinco fincas

Las reclamaciones las presentaron el mismo día, el 12 de diciembre de 2022, dos sociedades que se administran de forma cruzada entre sí: BTL Lanzarote, S. L. —administrada por Bodegas Stratvs, S. L.— reclamó por su 40 % de titularidad de las cinco fincas, y Hotel Los Fariones, S. A. —cuyo consejo de administración preside a su vez BTL Lanzarote— reclamó por otro 40 %. El 20 % restante pertenece a una tercera sociedad, Agrilugados, S. L., cuya reclamación se tramitó por separado y ya había sido desestimada en un dictamen anterior, el 1.329/2024, de 17 de octubre de 2024, con idéntico resultado.

La cantidad reclamada por BTL Lanzarote asciende a 1.268.075,60 euros: parte de un valor inicial de 1.100.000 euros (220.000 euros por cada una de las cinco fincas) al que se sumaron, en enero de 2024, 168.075,60 euros más por un presupuesto de “roturación” de la finca Las Norias, una de las cinco. Hotel Los Fariones reclama 1.146.863,90 euros, cifra que ajustó con un informe pericial independiente para cada finca. Entre las dos empresas, la reclamación conjunta suma 2.414.939,50 euros.

El argumento: que el Estado sabía y no avisó a tiempo

Las reclamantes sostenían que el proceso previo a la erupción se aceleró entre 2017 y 2021, según estudios científicos y los propios informes del Instituto Geográfico Nacional (IGN) y del Instituto Volcanológico de Canarias (INVOLCAN), pero que esa información nunca llegó oficialmente a la población palmera. Pedían responsabilidad también al Cabildo de La Palma, por no haber aprobado y publicado antes el plan insular de riesgo volcánico (PAIVPAL) con sus propios mapas de riesgo, y señalaban que las licencias de obra concedidas en los años anteriores en la zona no advertían del peligro.

Con esa falta de información como argumento central, no pedían responsabilidad por la erupción en sí —que ambas empresas reconocían como un fenómeno natural que ninguna obra pública podría haber frenado—, sino por no haber podido asegurar a tiempo sus propiedades frente a un riesgo que, sostenían, ya era previsible. Negaban además que se tratara de un caso de fuerza mayor, alegando que cuatro años de señales previas hacían la erupción evitable en sus efectos, si se hubiera avisado a tiempo.

Por qué lo rechaza: fuerza mayor, y el IGN sí informó

El Consejo de Estado recuerda su propia doctrina sobre fuerza mayor: una causa externa, irresistible e imprevisible, «sinsólita, extraordinaria» y fuera del control de quien la sufre. Y concluye que la erupción de Cumbre Vieja encaja en esa definición: solo hay seis erupciones documentadas en La Palma desde el siglo XV, y la de 2021 fue, con sus 85 días de actividad, la más larga de todas las registradas. Según el propio IGN, solo el 10 % de las intrusiones magmáticas acaban convirtiéndose en una erupción —un dato que avala la Agencia Geológica de Estados Unidos (USGS)—, lo que hace imposible anticipar con precisión cuándo, cómo y con qué intensidad va a producirse un episodio eruptivo, por mucho que la actividad sísmica previa esté siendo vigilada.

Sobre el deber de información, el dictamen repasa en detalle lo que el IGN venía publicando desde años antes de la erupción: datos sísmicos de cada isla canaria en su web desde 2010, una red de monitorización en tiempo real desde 2011, difusión en redes sociales desde 2012, una aplicación móvil gratuita con avisos sísmicos desde 2014, y la publicación de todos los enjambres sísmicos registrados en La Palma desde 2017. El 11 de septiembre de 2021 —ocho días antes de la erupción—, nada más detectarse el primer enjambre sísmico relevante, el IGN empezó a emitir boletines públicos diarios, que mantuvo durante todo el proceso eruptivo. El mapa de riesgo volcánico de la isla, además, ya figuraba en el anexo 19 del plan de emergencias por riesgo volcánico de Canarias (PEVOLCA).

Sobre el seguro, el Consejo de Estado zanja que no asegurar las fincas fue una decisión libre de sus propietarias, y recuerda que es el Consorcio de Compensación de Seguros el organismo que, por ley, asume este tipo de riesgos extraordinarios.

Un motivo más para rechazar a Hotel Los Fariones

El dictamen sobre la reclamación de Hotel Los Fariones añade un motivo propio de rechazo que no aparece en el de BTL Lanzarote: quien firmó la reclamación en representación de Hotel Los Fariones dijo actuar en nombre de BTL Lanzarote, sociedad que preside el consejo de administración de Fariones, pero nunca llegó a aportar al expediente la documentación que acreditase esa representación. El Ministerio de Transportes ya lo había advertido en su propuesta de resolución, y el Consejo de Estado lo confirma: solo por ese defecto de forma procedería ya desestimar la reclamación, «aun cuando» —añade el dictamen— «concurren también razones de fondo que conducirían a la misma conclusión desestimatoria».

Quién es Juan Francisco Rosa y por qué no es un propietario cualquiera

BTL Lanzarote y Hotel Los Fariones están vinculadas al empresario lanzaroteño Juan Francisco Rosa, administrador de Bodegas Stratvs y uno de los nombres con más peso del sector turístico de Lanzarote. Según ha informado Cadena SER, Rosa es también uno de los principales propietarios de suelo en la franja costera palmera afectada por el volcán, y una figura con peso en los proyectos que buscan transformar el litoral de la zona con nuevos desarrollos turísticos.

El Faro ha informado en las últimas semanas de la tramitación del Instrumento de Planificación Singular Turística (IPST) que el Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane y el Cabildo impulsan para el litoral de Puerto Naos y el Charco Verde, con hasta 2.100 nuevas plazas alojativas sobre antiguos terrenos de plataneras —el primer paso del expediente y su paso por consulta pública—. Esos expedientes no identifican públicamente a los propietarios del suelo ni a los futuros promotores. Las fincas por las que ahora se ha desestimado la indemnización, según precisan los propios dictámenes, están en el término municipal de Tazacorte, no en Los Llanos de Aridane, así que no puede darse por hecho que sean las mismas parcelas del IPST; sí confirman, en cualquier caso, que Rosa tiene propiedades de peso en la costa oeste palmera golpeada por el volcán.

Fuente: dictámenes del Consejo de Estado 1.223/2025 y 1.227/2025 (Comisión Permanente, 5 de marzo de 2026), consultados en la base de datos de dictámenes del Boletín Oficial del Estado. La existencia de estos dictámenes fue adelantada por Diario de Lanzarote y recogida por Cadena SER / Radio La Palma (Javi Rodríguez).