Alrededor del 90 % del agua que se consume en La Palma sale de pozos y galerías privadas. Esa dependencia es la que pone en juego, a juicio de Contigo La Palma, una disposición que el Gobierno de Canarias quiere introducir por la puerta de atrás en los Presupuestos Generales de Canarias para 2027: una letra pequeña que permitiría a los titulares de aprovechamientos de agua privada, cuyos derechos vencen en su mayoría en 2040, obtener sin concurso público una concesión de 75 años más, hasta el año 2115.

Una disposición final, no una reforma de la Ley de Aguas

La formación palmera rechaza, sobre todo, la forma elegida para tramitarlo: una disposición final tercera, ajena a la Ley de Aguas en Canarias, dentro de una ley de presupuestos. El presidente de Contigo La Palma, Javier Gutiérrez Taño, lo resume así: “Quién controlará el agua de Canarias hasta el año 2115 es de las decisiones más importantes que puede tomar este Parlamento. Por lo tanto, no se puede resolver en una disposición final de la futura Ley de Presupuestos para 2027, sin informes y sin debate”.

No es el primer intento: ya fracasó en mayo

No es la primera vez que se intenta este cambio por una vía indirecta. El partido recuerda que, en mayo pasado, PSOE y CC ya trataron de introducir un texto casi idéntico mediante una enmienda in voce a la reforma de la Ley de Cabildos, un intento que no salió adelante al no contar con la unanimidad necesaria. “Cuando se busca el atajo dos veces para alcanzar el mismo objetivo, es legítimo preguntarse por qué no se quiere debatir”, señala Gutiérrez Taño, que añade que la doctrina del Tribunal Constitucional limita las leyes de Presupuestos a materias directamente relacionadas con ingresos y gastos, no a colar cambios en leyes ajenas por ese trámite.

Acuíferos con 500 metros de descenso, según el Consejo de Aguas de Tenerife

Contigo La Palma sostiene además que las inversiones históricas de los agentes privados “están más que amortizadas”, tras más de un siglo de explotación y los 50 años de régimen transitorio que ya les concedió con ese fin la Ley de Aguas canaria de 1990. Para respaldar que la gestión privada no ha funcionado, el partido cita datos del Consejo Insular de Aguas de Tenerife: descensos del acuífero de más de 500 metros en algunas zonas y galerías que han perdido en torno al 40 % de su caudal, a los que se suman la falta de cierres hidráulicos, las pérdidas en las conducciones y un mercado del agua opaco y sin datos para los consejos insulares.

El partido recuerda que el reglamento de la Ley de Aguas, actualmente en proceso de participación pública, sigue planteando 2040 como fecha final del régimen privado, y pide que se respete ese horizonte mientras se prepara la transición hacia una gestión pública. Si la disposición llegara a aprobarse, Contigo La Palma estudia promover un recurso de inconstitucionalidad, apoyándose en la sentencia 67/2024 del Tribunal Constitucional, que anuló por el mismo motivo una modificación legal colada en los Presupuestos del Estado de 2022.

Fuente: nota de prensa de Contigo La Palma.