El sindicato CSIF ha elevado a los tribunales el conflicto que mantiene con la jefatura de la Policía Local de Santa Cruz de La Palma, acusando al mando de un presunto delito de prevaricación administrativa. Tras la supuesta vulneración de los derechos laborales de la plantilla y el desacato a una suspensión cautelar, la central sindical ha solicitado al alcalde el cese fulminante del Oficial-Jefe, al que califican de «incompetente» y responsable de romper la paz social en el cuerpo.
REDACCIÓN. EL FARO DE LA PALMA, 19 de febrero de 2026.
SANTA CRUZ DE LA PALMA.- La tensión en las dependencias de la Policía Local de la capital palmera ha alcanzado su punto de ruptura. El sindicato CSIF ha formalizado una denuncia contra el Jefe del cuerpo tras una serie de decisiones que, a juicio de la central, suponen un «temerario desprecio de la legalidad vigente». El origen del conflicto se remonta al pasado 2 de enero, cuando se emitió una Orden de Servicio que modificaba de forma unilateral las condiciones de trabajo de los agentes, vulnerando un acuerdo en vigor desde 2015 y saltándose la obligatoria negociación en la Mesa General de Funcionarios.
A pesar de que dicha orden fue suspendida cautelarmente por el propio Ayuntamiento al detectarse indicios de nulidad de pleno derecho, la reacción del mando policial ha sido, según CSIF, «irresponsable». El sindicato denuncia que el Jefe no solo intentó revocar la suspensión, sino que elaboró una nueva orden casi idéntica a la anulada, tras haber advertido supuestamente a la plantilla de que las nuevas condiciones serían «más duras». Esta actitud ha llevado a los representantes de los trabajadores a acudir a la justicia para depurar responsabilidades penales por lo que consideran una injusticia cometida a sabiendas.
Ante este escenario, CSIF ha solicitado al alcalde de Santa Cruz de La Palma que actúe como «cortafuegos» y cese de forma fulminante al mando policial por su «manifiesta negligencia e incompetencia». Además del cese, el sindicato exige la convocatoria urgente de la Mesa General de Funcionarios para reconducir de forma negociada las condiciones laborales y evitar posibles indemnizaciones por daños y perjuicios que acabarían pagando los ciudadanos del municipio.
