El precio del agua vuelve al debate político insular. El Grupo Popular del Cabildo de La Palma, a través del consejero Carlos Cabrera, plantea retomar y actualizar la ordenanza del agua que se aprobó en el mandato anterior y que fue anulada judicialmente por un defecto formal. La norma fijaba un precio único para toda la isla, y el PP sostiene que su parálisis durante más de dos años está afectando ya al sector agrícola.

El agua es, en una isla como La Palma, mucho más que un suministro: es la base del cultivo del plátano, el aguacate y la viña, y su precio determina la viabilidad de cientos de explotaciones agrícolas. Por eso la ordenanza que regula cuánto cuesta —y, sobre todo, si cuesta lo mismo en todo el territorio— es un asunto sensible. Y, según denuncia el Grupo Popular, lleva más de dos años en el limbo.

Qué decía la ordenanza anulada

La ordenanza impulsada en el mandato anterior tenía, según explica Cabrera, un objetivo concreto: «poner fin a situaciones irregulares, en las que existían diferencias en el precio del agua según el territorio, algo que no permitía la normativa». Su fórmula era un precio único para toda la isla, que integraba los costes de elevación y transporte del agua —y que, sostiene el consejero, suponía además una mejora de coste para los usuarios—. La norma, recuerda el PP, fue valorada positivamente en el Consejo Insular de Aguas y contó con respaldo técnico.

Un defecto «subsanable» que, dice el PP, no se ha subsanado

El punto central de la crítica popular es la naturaleza del problema legal. Según Cabrera, la resolución judicial «no cuestiona el contenido de la ordenanza, sino la falta de incorporación por escrito de un informe de intervención». Es decir, un fallo de procedimiento, no de fondo. «Es un aspecto subsanable que permitía retomar la ordenanza con rapidez», sostiene el consejero, que cifra en más de dos años el tiempo que, a su juicio, se ha perdido sin rehacer el expediente.

El sector agrícola, en el centro

El PP advierte de que la falta de una ordenanza vigente no es un asunto meramente administrativo: tiene consecuencias prácticas. «En estos momentos se están produciendo situaciones anómalas en el precio del agua que afectan directamente a los agricultores y al conjunto del sistema hidráulico de la isla», subraya Cabrera. Sin un marco de precios único, vuelven —según el diagnóstico popular— las diferencias territoriales que la ordenanza pretendía eliminar.

El Grupo Popular reclama actuar «con urgencia»: retomar la ordenanza, actualizarla si es necesario y devolver al sistema un esquema de precios «claro, equilibrado y estable». «Lo que defendemos es sencillo: un precio del agua justo, transparente y conforme a la ley, que dé seguridad a los usuarios y especialmente al sector agrícola, que es clave para la economía de La Palma», concluye el consejero.