El Pleno del Cabildo de La Palma ha aprobado este lunes por unanimidad una moción para instar al Gobierno de España a modificar la Ley de Contratos del Sector Público. El objetivo es adaptar la normativa para que la tramitación de emergencia pueda aplicarse de forma más flexible y prolongada en zonas afectadas por grandes catástrofes, como la erupción del volcán.
La iniciativa, defendida por el presidente insular, Sergio Rodríguez, surge de la experiencia vivida en la isla, donde la reconstrucción se ve frenada por la rigidez del artículo 120 de la ley actual. Según Rodríguez, esta norma limita la contratación de emergencia a la «inmediatez» de la catástrofe (un mes), convirtiéndose en una «cadena» que dificulta los trabajos a largo plazo y expone a los técnicos públicos a posibles responsabilidades legales.
«La Palma sigue con un nivel de emergencia activado, pero cada vez se hace más complicada la justificación técnica por el choque frontal con la literalidad de la Ley», explicó el presidente.
La moción subraya que esta modificación no es una petición «egoísta» para La Palma, sino una necesidad para todo el país, como se ha demostrado en otras catástrofes como la DANA de Valencia o los grandes incendios. Se busca, en definitiva, que las administraciones dispongan de las herramientas legislativas necesarias para actuar de manera continuada en situaciones excepcionales.
