El nuevo decreto sustituye el azar por un sistema de baremación social y aumenta considerablemente el cupo de reserva para jóvenes, que pasa del 5% al 20%.
REDACCIÓN. EL FARO DE LA PALMA, 23 de Diciembre de 2025.
Santa Cruz de La Palma. – El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado este martes el Proyecto de Decreto que regula el Registro Público de Demandantes de Vivienda Protegida y el nuevo régimen de adjudicación. La norma, impulsada por la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, introduce cambios estructurales en el acceso al parque público, priorizando el arraigo y la necesidad social frente al azar.
Fin al sorteo: adjudicación por puntos La principal novedad del texto es la eliminación del sistema de sorteo como método de adjudicación. A partir de ahora, se establece un procedimiento basado en criterios objetivos de baremación. Este modelo priorizará a las unidades de convivencia con mayores dificultades, evaluando su situación social, económica y familiar para garantizar que los recursos públicos lleguen a quienes más lo necesitan.
Requisito de residencia: 10 años El decreto refuerza el concepto de arraigo como llave de acceso. Para ser adjudicatario de una vivienda protegida de promoción pública será obligatorio acreditar una residencia ininterrumpida en Canarias de al menos 10 años (o 15 años en caso de residencia discontinua). Además, se exigirá vinculación laboral o residencia prolongada en el municipio donde se ubique la promoción.
Más viviendas para jóvenes y mayores El texto revisa al alza los porcentajes de reserva para colectivos específicos, dando un fuerte impulso social:
- Jóvenes: El cupo se cuadruplica, pasando del 5% al 20%.
- Mayores de 65 años: Se incrementa del 5% al 10%.
- Personas con limitaciones funcionales: Sube del 5% al 10%.
- Víctimas de violencia de género: Aumenta del 5% al 8%.
La norma también regula por primera vez la adjudicación de garajes no vinculados, define las viviendas modulares y establece las obligaciones de los beneficiarios para asegurar el uso adecuado del patrimonio público. Tras este trámite, el texto pasará al Consejo Consultivo para su dictamen y aprobación definitiva.
