La diputada palmera Raquel Díaz advierte que la rigidez estatal pone en riesgo 300 millones de euros vitales para los sectores turístico, primario e industrial de las islas.
Redacción. El Faro de La Palma, 16 de abril de 2026.
El Parlamento de Canarias ha dado luz verde a una iniciativa crucial para blindar las inversiones en energías renovables en el Archipiélago. La propuesta, defendida por la diputada palmera Raquel Díaz, reclama al Gobierno de España una ampliación en los plazos de ejecución y justificación de los fondos Next Generation vinculados a la Estrategia de Energía Sostenible. La iniciativa contó con el respaldo de la mayoría de la Cámara, con la única abstención de PSOE y Vox.
Díaz alertó durante su intervención de que la actual «rigidez administrativa» del Ejecutivo central vulnera el principio de igualdad y pone en peligro cerca de 300 millones de euros. Según la diputada, no se están teniendo en cuenta las singularidades estructurales de Canarias, como sus sistemas eléctricos aislados, la escasez de recursos técnicos o los retrasos crónicos en el suministro de materiales debido a la lejanía.
Un agravio comparativo frente a la Península
Uno de los puntos más críticos de la denuncia radica en el trato diferenciado que está recibiendo Canarias. Raquel Díaz señaló que el Gobierno de Sánchez ya ha flexibilizado los plazos hasta 2028 y 2030 para proyectos gestionados directamente por el Estado (a través del IDAE), mientras que a las islas se les mantiene un calendario que «cierra el grifo» en apenas mes y medio.
“Si tenemos el mismo programa de fondos y las mismas necesidades, ¿por qué se le niega la prórroga a las empresas canarias? ¿Acaso nuestros proyectos son menos importantes?”, cuestionó la diputada, quien calificó de «traición a los intereses de las islas» cualquier negativa a dar seguridad jurídica a estas inversiones.
Cumplimiento del Ejecutivo autonómico
La representante palmera defendió que el Gobierno de Canarias ha cumplido con su parte del trabajo: los fondos ya están adjudicados y las ayudas resueltas y concedidas a proyectos concretos. Sin embargo, la realidad geográfica impone un ritmo de ejecución que requiere mayor flexibilidad para que el dinero llegue finalmente al bolsillo de los ciudadanos y permita duplicar el porcentaje actual de energías renovables en el Archipiélago.
Para Díaz, esta prórroga no es un privilegio, sino un acto de justicia que permite al sector turístico, primario e industrial seguir siendo competitivos en un ecosistema económico más sostenible y justo.
