El Grupo Socialista critica la «falta de planificación» del Gobierno local en una vía estratégica y vincula esta actuación incompleta con otros retrasos históricos del municipio.
Redacción. El Faro de La Palma, 15 de abril de 2026.
El Grupo Municipal Socialista de Breña Baja ha mostrado su satisfacción por el inicio de los trabajos de mejora en el firme de la Rambla José Ana Fernández Pérez, una intervención que los propios socialistas propusieron en 2025. Sin embargo, esta valoración positiva ha tornado en «sorpresa y preocupación» al comprobar que el asfaltado se está limitando a un tramo de apenas 70 metros.
Para el PSOE, esta actuación es «claramente insuficiente» para resolver el deterioro generalizado de una vía que consideran estratégica. La Rambla no solo conecta los núcleos de San Antonio y San José, sino que soporta un tráfico constante de transporte público y guaguas escolares. «No responde a la realidad del estado del firme; parece más un gesto de cara a la galería que una solución real a un problema estructural», señalan desde las filas socialistas.
Una crítica a la gestión global
La crítica del principal grupo de la oposición no se queda en el asfalto. El PSOE aprovechará el próximo pleno para preguntar sobre la continuidad de estas obras, vinculando lo que consideran una «falta de planificación» con otros proyectos bloqueados en el municipio. Entre ellos, destacan:
- El retraso de más de cinco años en el nuevo Centro de Salud.
- La ausencia de una residencia de mayores, señalando que Breña Baja corre el riesgo de ser el único municipio de la isla sin esta infraestructura.
- La «dejadez» en el mantenimiento y limpieza de Los Cancajos, principal motor económico local.
«Breña Baja no puede funcionar a base de parches»
Desde el Grupo Socialista insisten en que las inversiones deben responder a criterios de utilidad y seguridad real. «Hace falta gestión y actuar donde realmente se necesita», concluyen, instando al grupo de gobierno a priorizar los servicios básicos y las infraestructuras sociosanitarias frente a actuaciones parciales que, a su juicio, no generan un impacto real en la calidad de vida de la ciudadanía.
