El Cabildo de La Palma exige al Ministerio de Transición Ecológica la licitación inmediata de las obras en la Punta del Pozo. Una inversión de 500.000 euros, comprometida desde 2024, sigue bloqueada mientras el oleaje de la borrasca Therese agrava los daños en el núcleo turístico.
REDACCIÓN. EL FARO DE LA PALMA, 23 DE MARZO DE 2026.
La seguridad de la costa en Puerto Naos se encuentra en niveles críticos. Tras dos años de espera por una inversión estatal de medio millón de euros, el Ayuntamiento y el Cabildo de La Palma han constatado que el deterioro de la Punta del Pozo ha pasado de ser un desperfecto visual a una amenaza real para las infraestructuras colindantes, incluyendo la estabilidad del complejo hotelero Meliá.
Un compromiso de 2024 que no llega al litoral El proyecto técnico y las evaluaciones ambientales para intervenir en este enclave están aprobados desde mediados de 2024. Sin embargo, la licitación sigue sin materializarse. El conflicto de intereses es evidente: mientras la administración insular ha liderado un despliegue técnico sin precedentes (vía PEINPAL) para devolver la actividad al núcleo turístico controlando los gases, la burocracia estatal mantiene en pausa una obra vital para proteger ese mismo esfuerzo.
Impacto de la borrasca Therese Los efectos del reciente temporal han acelerado el proceso erosivo en la zona. El fuerte oleaje de estos días ha golpeado una estructura ya debilitada, lo que incrementa el riesgo de daños estructurales irreversibles y eleva el coste de la futura reparación.
“Ya no hay excusas administrativas. El Ministerio tiene el proyecto y los permisos. Solo queda licitar y ejecutar. Cuanto más se tarde, mayor será el peligro para la seguridad pública y el motor económico de la zona”, recalca el presidente insular, Sergio Rodríguez.
El Cabildo cumple, el Ministerio espera Desde la institución insular se recuerda que la vuelta a la normalidad en Puerto Naos ha sido posible gracias a la gestión directa del Cabildo junto a organismos como el IGN e Involcan. Sin embargo, la protección física del litoral sigue siendo la «asignatura pendiente» del Gobierno central, afectando directamente a la seguridad de los usuarios y a la confianza de los inversores turísticos en uno de los principales motores de la isla.
