La suspensión del pleno ordinario de este jueves en Fuencaliente ha desatado una crisis de confianza institucional. Mientras la isla recuperaba la normalidad y las clases se reanudaban tras la borrasca, el Ayuntamiento cancelaba la sesión por correo electrónico, una decisión que para la oposición busca eludir el control público y ganar tiempo ante preguntas incómodas.
REDACCIÓN. EL FARO DE LA PALMA, 26 DE MARZO DE 2026.
La actividad política en Fuencaliente se ha visto sacudida por la suspensión, a menos de 24 horas de su celebración, del Pleno Ordinario previsto para este 26 de marzo. El Grupo Socialista ha registrado una solicitud formal de información al considerar que el procedimiento seguido carece de la transparencia y la motivación jurídica necesaria, calificando la medida como un posible intento de evitar la fiscalización de la gestión municipal.
El conflicto: ¿Seguridad o elusión de responsabilidades?
El grupo de gobierno (CC) ha justificado la suspensión basándose en la situación de alerta meteorológica. Sin embargo, desde la oposición se señala una contradicción evidente: mientras otros ayuntamientos de la isla mantenían sus sesiones y la actividad lectiva se retomaba con normalidad en toda Canarias, Fuencaliente optaba por el cierre institucional.
Para la concejala socialista, resulta «inevitable» plantear si esta decisión responde a una causa real o si se ha utilizado la borrasca como herramienta para no dar respuesta a las preguntas registradas por la oposición. El malestar se agrava al recordar que el Ayuntamiento de Fuencaliente ha sido señalado reiteradamente en los índices de transparencia como uno de los menos abiertos de la comunidad autónoma.
Dudas sobre la legalidad del procedimiento
La denuncia se centra también en las formas. La suspensión fue comunicada vía correo electrónico sin que, hasta el momento, se haya aportado el preceptivo Decreto de Alcaldía ni un informe de Secretaría que avale la legalidad de la decisión.
Ante esta situación, el PSOE ha exigido formalmente la siguiente documentación:
- El Decreto oficial de suspensión y su motivación detallada.
- Un informe de Secretaría sobre la validez jurídica de una cancelación realizada por correo electrónico a menos de 24 horas del evento.
- Aclaraciones sobre por qué se mantuvo la suspensión cuando la alerta ya había remitido.
Desde el grupo socialista advierten que no descartan emprender nuevas acciones legales si la documentación aportada no justifica plenamente este parón institucional, defendiendo que los vecinos merecen una administración que actúe con rigor y respeto a los derechos de participación política.
