El Parlamento de Canarias ha aprobado este martes, por unanimidad, una Proposición No de Ley (PNL) para frenar la entrada de productos agroalimentarios de terceros países que contengan residuos de fitosanitarios vetados en suelo europeo. La iniciativa busca garantizar que los agricultores locales compitan en igualdad de condiciones frente a las importaciones exteriores.
REDACCIÓN. EL FARO DE LA PALMA, 11 de febrero de 2026.
Canarias. El diputado del Grupo Popular por La Palma, Jacob Qadri, defendió esta propuesta denunciando la «incoherencia» normativa que asfixia al campo canario. El conflicto de interés radica en que, mientras Bruselas prohíbe a los productores locales el uso de ciertas sustancias por motivos de salud o medio ambiente, se permite que el mercado se inunde de productos foráneos tratados con esos mismos componentes.
El impacto en el Plátano de Canarias
Qadri puso el foco en un problema que afecta directamente a la economía palmera: la restricción del acetamiprid (comercializado como Gazel). Esta sustancia era una herramienta básica para el control de plagas como el trips o la cochinilla en el cultivo del plátano. La nueva regulación europea, en vigor desde agosto, limita drásticamente su uso sin considerar la realidad de las regiones ultraperiféricas.
Consecuencias para el agricultor y el consumidor
La prohibición de estas herramientas químicas deriva en un escenario crítico para el sector primario insular:
- Aumento de costes: Los agricultores deben recurrir a métodos manuales más caros y menos eficaces.
- Pérdida de rentabilidad: El incremento en mano de obra y tiempo favorece el abandono del campo.
- Seguridad alimentaria: Qadri advirtió que es «poco serio» prohibir una sustancia al ciudadano por salud y luego permitir su consumo a través de productos importados.
Hacia las «cláusulas espejo»
La aprobación de esta PNL impulsa no solo el bloqueo de estos productos, sino también el refuerzo de los controles fronterizos y la defensa de las cláusulas espejo. Estas cláusulas exigen que cualquier producto importado cumpla estrictamente los mismos estándares sociales, ambientales y sanitarios que se imponen a los productores comunitarios.
